MÉRIDA, 19 de febrero.

La Junta de Extremadura ha dado un paso importante al publicar hoy el nuevo decreto que establece el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida en la región. A partir de mañana, 20 de febrero, los ciudadanos podrán presentar sus solicitudes a través de la plataforma digital del Gobierno regional, facilitando así el acceso a este servicio esencial.

Este registro tiene como principal objetivo proporcionar al Ejecutivo regional una visión clara y actualizada sobre la demanda de viviendas protegidas en Extremadura. Se busca tener un entendimiento preciso de las necesidades habitacionales, abarcando tanto las viviendas de promoción pública como las de nueva construcción, en todos los regímenes disponibles: especial, general y medios.

La administración hará uso de un sistema telemático para gestionar este registro, lo que significa que los solicitantes no necesitarán presentar documentos adicionales. En su lugar, se realizará un proceso de verificación automática por parte de la propia administración, simplificando significativamente el proceso para los ciudadanos.

El Registro de Demandantes contará con dos secciones diferenciadas: la primera se enfocará en las viviendas de promoción pública, gestionadas por la Junta a través de alquileres sociales, mientras que la segunda estará dedicada a las viviendas protegidas, que serán ofrecidas tanto en régimen de alquiler como de venta a precios asequibles.

Los hogares interesados podrán registrarse para distintos tipos de vivienda, según ha comunicado la Junta en un comunicado oficial. Este registro permitirá que las familias no solo indiquen su localidad de empadronamiento, sino que también tengan la opción de seleccionar una segunda localidad de preferencia. Esto resulta beneficioso, ya que permite que aquellos que busquen una vivienda tengan más oportunidades de acceder a propiedades vacantes que se ofrezcan en su segunda opción.

Una vez que se envíe la solicitud, la administración revisará minuciosamente la información proporcionada. Solo aquellos que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a las viviendas solicitadas serán formalmente inscritos en el registro.

El decreto también define distintos umbrales de ingresos según el tipo de vivienda. Para las viviendas de régimen especial, se permiten ingresos que no excedan 4.5 veces el IPREM; para el régimen general, hasta 5.5 veces; y para las viviendas medias, hasta 7.5 veces el IPREM.

Además, la legislación estipula que la administración tendrá un plazo de tres meses para resolver cada solicitud, lo que asegura una administración eficaz y ágil de estas solicitudes.

Es importante destacar que, aunque la inscripción en el Registro será un requisito obligatorio para acceder a cualquier tipo de vivienda protegida, esta obligatoriedad no entrará en vigor hasta el año 2026. Esto se ha dispuesto con el fin de proporcionar a los ciudadanos un tiempo adecuado para completar su registro.