En un acto significativo para la región, la Junta de Extremadura ha concretado la firma del primer protocolo dedicado a la prevención del acoso sexual y la discriminación de género en el ámbito de la Administración regional. El evento tuvo lugar el 28 de febrero en Mérida, donde se selló un compromiso que aspira a brindar un entorno de trabajo más seguro para todos los empleados públicos.

Los firmantes de este importante documento, que fue aprobado previamente por la Mesa General de Negociación, son la consejera Elena Manzano y la secretaria general de Igualdad Ara Sánchez, quienes estuvieron acompañadas por representantes de diversos sindicatos. Esta colaboración ha sido celebrada por los sindicatos como un paso decisivo hacia la creación de un marco seguro laboral, y el protocolo tendrá validez hasta 2029, convirtiéndose en una norma de cumplimiento obligatorio.

Esta iniciativa está diseñada para incluir a todos los empleados del sector público, abarcando no solo a los de la administración general, sino también a aquellos vinculados a la educación y la sanidad, así como personal docente no universitario y quienes se encuentren en formación. Ara Sánchez destacó que, a partir de este momento, la protección de los trabajadores y trabajadoras de la Junta de Extremadura ante el acoso sexual es más fuerte que nunca, describiendo el protocolo como “redondo”.

Con esta acción, el Gobierno de María Guardiola se alinea con las directrices establecidas en la Ley 8ª de 2011, que promueve la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género en Extremadura, un tema que había quedado desatendido por administraciones anteriores. Según Sánchez, esto representa un avance crucial para los derechos de todos los trabajadores de la comunidad autónoma.

El fin principal de esta medida es asegurar que el entorno laboral sea seguro, libre de violencia sexual y de cualquier forma de discriminación de género, en conformidad con las normativas tanto nacionales como internacionales en términos de igualdad y derechos laborales.

El protocolo también establece un firme compromiso por parte de la Junta de Extremadura para adoptar una política de “tolerancia cero” frente al acoso y la violencia sexual. Además, se implementarán acciones de comunicación y formación para todos los empleados públicos, comenzando con una primera sesión programada para el 5 de marzo en la Escuela de Administración Pública en Mérida.

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