CÁCERES, 14 de noviembre. En un esfuerzo por abordar la preocupante realidad de la violencia contra las mujeres, Cáceres ha sido escenario de una jornada organizada por la Diputación de Cáceres junto a la Subdelegación del Gobierno. Este evento, titulado 'La implicación de los ayuntamientos en la violencia contra las mujeres', reunió a responsables políticos de distintas administraciones locales así como a agentes sociales, territoriales y económicos, con el claro objetivo de dotar a las administraciones rurales de herramientas eficaces para combatir esta grave problemática.

El salón de plenos del palacio provincial de la capital cacereña fue el punto de encuentro donde se llevaron a cabo dos mesas redondas. En la primera, se discutió la coordinación entre diferentes administraciones y los recursos disponibles en el ámbito rural para luchar contra la violencia de género. La segunda mesa se centró en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en los municipios de la provincia, un tema de vital importancia para fortalecer la respuesta institucional.

Contando con la participación de expertos y responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como representantes de los programas VioGén y Atenpro, las jornadas incluyeron una primera mesa que abordó de forma más práctica los procedimientos a seguir en casos de violencia de género. La segunda mesa se enfocó en aspectos técnicos y políticos, analizando los recursos que ofrece el Gobierno de España para enfrentar esta lacra social.

La inauguración del evento tuvo lugar bajo la dirección del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien subrayó la necesidad de mantener la guardia alta ante este grave problema. Quintana enfatizó la responsabilidad de las administraciones en el uso de todos los recursos disponibles para prevenir la violencia, concienciar a la ciudadanía y proteger a las víctimas, subrayando también la vulnerabilidad de los menores que, lamentablemente, a menudo son víctimas colaterales de esta violencia.

Además, el delegado destacó que en Extremadura actualmente hay 2.500 mujeres registradas en el sistema VioGén como casos activos, que requieren atención y protección policial, algo que considera inaceptable en una sociedad que aspira a ser civilizada. También compartió cifras escalofriantes sobre el feminicidio, citando que desde que existen registros, 1.248 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, de las cuales 40 sucedieron solo este año, junto con diez menores que han perdido la vida en circunstancias similares.

Quintana enumeró los recursos implementados por el Gobierno de España para combatir la violencia de género, tales como el sistema VioGén y equipos especializados de las fuerzas del orden. Además, resaltó la importancia de los programas para la protección y reinserción social de las víctimas, así como la labor de formación e información que realizan las unidades de violencia sobre la mujer. En este contexto, hizo un llamado a los ayuntamientos para que se integren en el sistema VioGén, dado el papel crucial que desempeñan las administraciones locales en este ámbito.

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se alineó con este mensaje, destacando su compromiso y la implicación de la institución con municipios de menos de 20,000 habitantes. Morales recordó a las víctimas de la reciente DANA en el Levante español y comparó la violencia machista con una catástrofe continua, aludiendo a las insoportables cifras de mujeres que sufren violencia psicológica, económica y física.

La Diputación de Cáceres, en particular, ha implementado acciones concretas como líneas de atención telefónica a través de Cruz Roja y servicios sociales para ayudar a las víctimas a iniciar denuncias judiciales. Además, ha facilitado un vehículo camuflado para que la Guardia Civil actúe de manera discreta en la provincia, y se está planeando proveer un segundo vehículo para el próximo año. Morales enfatizó que la colaboración es clave, involucrando a múltiples actores como la Delegación del Gobierno, los tribunales de justicia, trabajadores sociales y Oficinas de Igualdad de las mancomunidades.

Finalmente, esta jornada se presenta como un llamado a la acción para que los municipios asuman un papel activo, ya que, aunque no tienen competencias directas en esta cuestión, se encuentran en la primera línea para abordar problemas de violencia que surgen en sus territorios. Morales expresó la creciente preocupación de los alcaldes y alcaldesas sobre la violencia contra las mujeres, especialmente en el entorno rural, reafirmando que están dispuestos a colaborar con el Gobierno de España y el Tribunal Superior de Justicia para hacer frente a esta inaceptable lacra social.