Almaraz mantiene operación hasta 2030 tras aprobación del Gobierno
El Ministerio para la Transición Ecológica ha renovado la autorización para que la central nuclear de Almaraz siga operativa hasta junio de 2030. La decisión afecta a las Unidades I y II, que podrán continuar generando energía al menos durante los próximos cinco años, en una prórroga que se oficializó en agosto de 2023.
La renovación llega después de un proceso que comenzó en octubre de 2025, cuando las propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy, solicitaron formalmente la extensión. Inicialmente, los reactores estaban previstos para cerrarse en 2027 y 2028, respectivamente, pero la revisión de seguridad y el contexto energético han impulsado esta decisión.
El Consejo de Seguridad Nuclear emitió un informe favorable en julio, condicionando la continuidad al cumplimiento de estrictas normas de seguridad y protección radiológica. La orden ministerial refleja que la planta cumple con los requisitos necesarios para operar de forma segura durante el período prorrogado.
La justificación principal del Gobierno para prolongar la vida de Almaraz radica en la necesidad de estabilidad en el sector energético. La crisis internacional y la volatilidad del precio del gas, agravadas por conflictos en Oriente Medio, hacen que la continuidad de la planta sea considerada una medida para reducir la dependencia del gas y mantener la seguridad del suministro.
Este acuerdo también responde a la estrategia de transición energética, que busca equilibrar generación convencional y renovables. Aunque el impacto en el despliegue de energías renovables será limitado, la decisión refleja la complejidad de la política energética en un contexto de crisis global y cambios en las prioridades de seguridad y sostenibilidad.
De cara al futuro, la extensión de la vida de Almaraz puede influir en la planificación energética a medio plazo en Extremadura y a nivel nacional, generando debates sobre la seguridad nuclear y las alternativas sostenibles en un escenario de transición energética. La decisión también evidencia el peso del factor político en la gestión de activos estratégicos en un entorno de incertidumbre global.