BADAJOZ, 20 de diciembre.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, junto a la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, han revelado recientemente un cambio significativo en el proyecto de la piscina de la margen derecha. Este nuevo enfoque transformará el proyecto original en un complejo que contará con una piscina olímpica de estructura fija, a diferencia de la cubierta retráctil que se había contemplado anteriormente. Además, se incorporará una piscina de menor tamaño destinada al calentamiento, que estará disponible para el uso de los más pequeños durante el verano y en períodos sin competiciones, complementada por la ampliación de los espacios exteriores, que incluirá otra piscina de verano.

El coste total de estas obras se ha estimado en 12 millones de euros. La financiación se dividirá entre el ayuntamiento y la Junta de Extremadura, con una aportación del 50 por ciento por cada uno. Sin embargo, el avance de los fondos por parte de la Junta dependerá en gran medida de la aprobación de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2025 (PGEx). En caso de que estos no sean aprobados, Gragera ha manifestado que la administración local buscará las alternativas necesarias para llevar a cabo el proyecto, considerando incluso la posibilidad de que el consistorio asuma la totalidad del financiamiento, lo que podría afectar a otros proyectos valorados en 6 millones de euros.

Durante su intervención, el alcalde Gragera ha expresado su agradecimiento a la Junta por reafirmar su compromiso con el proyecto de la piscina de la margen derecha. Recordó que la construcción se había detenido anteriormente debido a la imposibilidad de las empresas adjudicatarias de continuar con el mismo, lo que fue agravado por la crisis empresarial que ha conducido a la situación actual.

Gragera explicó que esta complicada situación fue el resultado de diversas circunstancias, incluyendo la aparición de la pandemia de Covid-19 y el consiguiente aumento en los precios de los materiales. Todo esto llevó a tomar la difícil decisión de resolver el contrato con la empresa en noviembre de 2023. Tras un proceso judicial que ha durado aproximadamente un mes, los pasos necesarios para culminar la resolución del contrato se han completado, así como la obtención de las autorizaciones judiciales para ello. Esto permitirá la incautación y la devolución de ciertas cantidades que estaban pendientes entre la empresa y el ayuntamiento.

(Más información en Europa Press)