BADAJOZ, 19 Oct.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha defendido que la reforma del sistema fiscal debe estar enlazada a la del sistema de financiación autonómica y efectuarse desde el "consenso preciso que una reforma de calado precisa", ajeno, dijo, de la "de hoy situación de indecisión".

Blanco-Morales hizo estas afirmaciones a lo largo de su intervención en la día de presentación del Libro blanco sobre la reforma tributaria, conmemorada en Badajoz, donde, además de esto, ha destacado la posibilidad que piensa la celebración de esta presentación para reforzar sobre el sistema fiscal que se desea para España, Extremadura y para todas las ciudades, puesto que hay impuestos de carácter nacional, regional y local.

En este sentido, la titular de Hacienda ha destacado el valor del método de los especialistas que han trabajado en este libro blanco y han aportado distintas perspectivas para una reforma que, a través de la entendimiento de las situaciones actualmente y con el propósito de lograr una regulación permanente, aporte los elementos acordes a las pretensiones que necesitan los ciudadanos para el cuidado de los servicios que les prestan las comunidades autónomas.

Blanco-Morales ha añadido que las incertidumbres actualmente de hoy fuerzan a meditar en el largo período, si bien sin perder la aptitud de contestación a las cuestiones mucho más repentinas, y en reformas estructurales, no solo de ámbito fiscal, sino más bien en aquellas que dejen enfrentar la posibilidad de transformación, ha señalado la Junta en publicación oficial.

Ante este reto, la vicepresidenta primera ha asegurado que la Junta de Extremadura es un "interlocutor leal" en esta materia, cuyas aportaciones se dirigen a la optimización del diseño y engranaje de los tributos que tienen dentro el sistema tributario.

Un nuevo modelo que debe fundamentarse, dijo, en 2 "premisas básicas", por una parte asegurar la provisión de elementos suficientes para la prestación de todos y cada uno de los servicios asumidos por las comunidades autónomas y, por otro, afianzar la aptitud financiera del Estado como "garante de la solidaridad, del avance regional armónico y la justa distribución de la renta y la riqueza que le asigna la Constitución".