• martes 31 de enero del 2023

Cinco alcaldes testimonian que no recibieron presiones de la Diputación de Cáceres para sacar las cruces

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CÁCERES, 21 Jun.

Los alcaldes de cinco localidades cacereñas, entre ellas Cáceres aparte de Gargüera de la Vera, Brozas, Talaveruela de la Vera y Barrado, han acudido este martes al Juzgado de Instrucción nº 3 de la ciudad más importante cacereña donde fueron convocados como presentes en la situacion que se instruye contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, frente a la demanda interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos en la situacion de la retirada de las cruces de los pueblos.

Tanto el alcalde de Cáceres, Luis Salaya, como los otros 4 regidores han proclamado que la diputación cacereña no les ha presionado a fin de que retiren esos símbolos de sus ayuntamientos, así como mantiene la asociación, que denunció al presidente de la institución provincial por comprender que había relacionado ciertas subvenciones a la retirada de las cruces de los ayuntamientos.

La demanda fue archivada en el primer mes del año de 2022 y Abogados Cristianos interpuso un recurso frente a la Audiencia Provincial de Cáceres que fue aceptado a trámite y por el que se ordenaba a juzgado que tomara declaración como presentes a los alcaldes convocados por la asociación.

Esta testifical se ha producido a la primera hora de esta mañana en el Palacio de Justicia de la ciudad más importante cacereña donde los cinco alcaldes han proclamado que "no" fueron presionados por la Diputación de Cáceres.

"Para sorpresa de todos y en oposición a toda la documentación aportada ellos han negado que haya ningún género de presión por la parte de la Diputación de Cáceres", ha señalado a los medios el letrado defensor de la Asociación de Abogados Cristianos, José María Fernández Abril, al término de las afirmaciones de los regidores cacereños.

Según Fernández Abril la declaración de los cinco alcaldes "se contrapone con la documentación que hemos anunciado y que vamos a enseñarte en los próximos días por el hecho de que vamos a ampliarla", dijo el letrado, que reitera que que se marcha a incidir en que se presionó a los alcaldes por el hecho de que "está probado documentalmente en las comunicaciones entre diputación y municipios".

Ninguno de los alcaldes hizo afirmaciones ni a la entrada ni al salir del juzgado, adonde han accedido por una puerta del costado para eludir las cámaras. Una vez tomada la declaración a los cinco regidores convocados como presentes, el juez va a deber elegir si procede la continuación de la actuación o el sobreseimiento de la causa.

Cabe rememorar que el Juzgado de Primera Instancia y también Instrucción número 3 de Cáceres procedió el mes pasado de febrero al sobreseimiento y fichero de la demanda interpuesta por la Asociación Española de Abogados Cristianos contra el presidente de la diputación cacereña.

La demanda había sido registrada en el mes de marzo de 2021 por la citada asociación al comprender que por la parte de la Diputación de Cáceres se presionó a distintos municipios a fin de que retiren las cruces que hay en sus propios ayuntamientos. Una presión que se realiza, según la demanda, por medio de vincular la concesión de subvenciones a esa retirada de estos símbolos cristianos.

El juzgado reconoció en su sentencia que "no existe relación alguna entre la concesión de subvenciones a los ayuntamientos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica", con lo que la Diputación de Cáceres no ocupa competencias municipales.

Los demandantes recurrieron la sentencia y en este momento la Audiencia Provincial ha aceptado el recurso con lo que se ha reabierto la causa contra el presidente de la diputación cacereña, por procurar terminar con símbolos cristianos bajo el paraguas de la Ley de Memoria Histórica, en tanto que esta asociación comprende que esas cruces por el momento no están socias a ninguna época histórica pasada y solo son un símbolo espiritual.

Por ello, Abogados Cristianos acusa al presidente de la Diputación de Cáceres de un delito de prevaricación (art. 404 CP) con el agravante de discriminación y otro delito de odio (art. 510 CP).

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