En la ciudad de Mérida, el 26 de diciembre, la Guardia Civil ha tomado medidas contra cuatro ciudadanos locales, quienes han sido acusados formalmente por su participación en un delito de caza furtiva con galgos en la localidad de Llerena, en la provincia de Badajoz.

Los hechos se registraron a mediados de noviembre pasado, cuando efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Azuaga, junto a otras unidades de la Compañía de Llerena, recibieron un aviso de un ciudadano preocupado por la presencia de cazadores furtivos utilizando galgos para perseguir liebres en un área acotada.

Al parecer, los sospechosos utilizaron un vehículo todoterreno para acceder al terreno prohibido, donde, tras soltar a los perros que llevaban, intentaron capturar a una liebre. La información fue compartida en una nota de prensa emitida por la Guardia Civil, que destaca la gravedad de este tipo de actividades ilegales.

En respuesta a la alerta, se diseñó un dispositivo operativo para localizar a los presuntos infractores, lo que incluyó la vigilancia tanto del terreno acotado como de las fincas adyacentes y las carreteras cercanas. Los esfuerzos de los agentes dieron frutos cuando lograron identificar y detener el vehículo en la autovía A-66, dentro del término municipal de Villafranca de los Barros.

Durante la identificación de los ocupantes del vehículo, que resultaron ser cuatro residentes de Mérida sin la debida autorización del propietario del coto para realizar actividades cinegéticas, se procedió a inspeccionar el coche. En esta inspección se encontraron cuatro perros galgos y una liebre muerta recientemente, lo cual fue determinante para la investigación.

Consecuentemente, se instruyeron diligencias penales en su contra por un delito contra la fauna, debido a la caza ilegal de galgos en un coto sin el permiso requerido. Estas diligencias ya han sido presentadas ante el Juzgado de Instrucción de Llerena y la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

Los individuos investigados se enfrentan a sanciones que podrían incluir multas de hasta ocho meses, además de la inhabilitación especial para ejercer el derecho a la caza por un periodo que puede extenderse hasta tres años.