En Mérida, el 5 de junio, la Guardia Civil, a través de su unidad Seprona, ha detenido a dos hombres de 33 años por su presunta implicación en un delito relacionado con el patrimonio histórico. Estos individuos fueron sorprendidos llevando a cabo actividades de expolio ilegal en la calzada romana conocida como Vía de la Plata, que conecta las localidades de Galisteo y Plasencia.

La situación se desencadenó a finales de marzo, cuando la Central 062 de la Guardia Civil recibió informes acerca de la presencia sospechosa de personas en la calzada romana, en especial debido al posible uso de detectores de metales sin la debida autorización correspondiente.

Tras recibir dicha alerta, los agentes de la patrulla asignada al Puesto de Zarza la Mayor realizaron una exhaustiva búsqueda en el área mencionada. Finalmente, lograron localizar a los dos hombres que operaban con detectores de metales y llevaban consigo herramientas utilizadas para la excavación. En su vehículo también se encontraron piezas arqueológicas y material destinado a remover el suelo.

Al conocer los detalles del incidente, los agentes asumieron la investigación, dirigiéndose al lugar con el propósito de realizar una inspección y recoger pruebas que ayuden a esclarecer los hechos, según lo informado en un comunicado de prensa por la Guardia Civil.

Durante la inspección de las áreas afectadas, los agentes descubrieron hasta diez excavaciones ilegales en esta región protegida, que tiene un alto valor arqueológico debido a su vinculación histórica con la antigua calzada romana de la Vía de la Plata.

Ante esta grave situación, se solicitó un informe a la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura. Este informe confirmó que existía daño significativo en el sitio arqueológico, estimando los perjuicios materiales en más de 11.000 euros, cifra a la que deberá sumarse el valor histórico y científico de las piezas extraídas, que aún están en proceso de evaluación.

Como resultado de estos hallazgos, los dos hombres fueron arrestados y se encuentran ahora a disposición judicial por el presunto delito contra el patrimonio histórico, que conlleva penas de prisión que van de seis meses a tres años, además de multas que oscilan entre doce y veinticuatro meses. También se establecerán medidas para restaurar, en la medida de lo posible, el daño ocasionado.

Desde la Guardia Civil se enfatiza que cualquier intervención no autorizada en yacimientos arqueológicos se clasifica como un delito grave, dado que compromete la conservación de vestigios históricos que pertenecen a la sociedad en su conjunto. Además, se subraya la importancia de la colaboración ciudadana en la preservación de este valioso legado cultural.