En un notable operativo, la Guardia Civil de Cáceres, específicamente su Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha llevado a cabo la detención de dos individuos originarios de la provincia de Huelva. Estos hombres son sospechosos de cometer un grave delito relacionado con la fauna, concretamente en el ámbito de la caza furtiva. La intervención se realizó tras el hallazgo de seis cabezas de corzo dentro de una mochila que había sido desechada en la cuneta de la autovía A-5, en las cercanías de Trujillo.

Los hechos se remontan a marzo, cuando un equipo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaba un control rutinario de vehículos. Durante sus labores, se les reportó que un objeto había sido arrojado a la cuneta desde un coche en movimiento. Tras recuperar la mochila, las autoridades confirmaron que contenía nada menos que seis cabezas de corzo, que evidenciaban haber sido decapitadas de forma reciente.

El equipo del Seprona llevó a cabo una minuciosa inspección y determinó que cinco de las cabezas aún conservaban las pieles que cubren sus astas, señal de que no se había realizado el proceso de descorreado, lo que resalta la gravedad de la infracción. Como parte de su investigación, los agentes lograron reconstruir los eventos previos al hallazgo, logrando identificar un vehículo compacto de color blanco que, según todos los indicios, fue el utilizado para llevar a cabo la actividad ilegal.

Las indagaciones revelaron que este automóvil, de color blanco, había sido empleado en un viaje con la finalidad exclusiva de perpetrar esta acción furtiva. Ante la presencia del control policial, los hombres arrojaron las cabezas de corzo a la vía pública en un intento de eludir la captura. Todo esto ocurrió en un contexto donde la especie presenta un período de veda que va desde mediados de febrero hasta el 1 de abril, lo que complica aún más su situación legal.

A raíz de este proceso investigativo, se logró identificar a los ocupantes del turismo, quienes enfrentan graves cargos por sus acciones. Se estima que los daños económicos derivados de esta caza furtiva superan los 21.000 euros. Las posibles sanciones que enfrentan abarcan desde una pena de prisión de seis meses hasta dos años, además de multas que van de ocho a 24 meses. Asimismo, podrían quedar inhabilitados para cazar entre dos y cinco años.

Es importante destacar que si las autoridades confirman que los delitos se cometieron durante el período de veda, las penas podrían ser aún más severas debido al impacto negativo que esto representa para la biodiversidad y el ciclo reproductivo del corzo en la región.