En un reciente operativo, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), pertenecientes a la Comandancia de Cáceres, han desarrollado una exhaustiva investigación en varios puntos del término municipal de Torre de Santa María. Este proceso se llevó a cabo tras la detección de irregularidades en obras constructivas, las cuales podrían configurarse como delitos urbanísticos.

A lo largo del transcurso del año 2024, los agentes llevaron a cabo inspecciones en un total de 14 proyectos de construcción en esta área, encontrando una variedad de edificaciones que incluían cuartos de aperos, casas unifamiliares, reformas de antiguas viviendas con ampliaciones de superficie, así como naves y chalets. Muchas de estas construcciones carecían de los permisos y la documentación requeridos para su legalidad.

Durante el desarrollo de la investigación, el Seprona recopiló información de los organismos pertinentes y examinó de manera meticulosa toda la documentación obtenida. Esto llevó a la conclusión de que varias de las construcciones en cuestión no cumplían con la normativa urbanística vigente, lo que las convertiría en estructuras potencialmente ilegales.

La investigación, que se extendió a lo largo de un año, evidenció que algunas de las edificaciones existentes podrían no contar con la autorización necesaria, constituyéndose así en posibles delitos urbanísticos, según informa la Guardia Civil en un comunicado oficial.

Como resultado de estos hallazgos, se han iniciado diligencias contra diez individuos, entre los cuales se encuentran siete hombres y tres mujeres, quienes son investigados por su presunta participación en delitos que infringen la legislación sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Los hechos han sido trasladados a la autoridad judicial competente en Cáceres.

Los delitos mencionados, estipulados en el Código Penal, podrían conllevar penas de prisión que varían de un año y seis meses a cuatro años, así como multas que oscilan entre doce y veinticuatro meses. No obstante, si se determina que los beneficios obtenidos por el delito exceden los montantes mencionados, la multa podría ascender desde el tanto hasta el triple de dicho beneficio. Además, hay posibilidad de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio durante un período que va de uno a cuatro años.

La labor desempeñada por el Seprona a lo largo del año no solo demuestra el compromiso del cuerpo de la Guardia Civil con la protección del medio ambiente, sino también con el desarrollo sostenible del territorio.

Este tipo de investigaciones van más allá de la simple sanción a conductas ilícitas; su objetivo es crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de cumplir con la normativa urbanística y de evitar comportamientos que puedan amenazar el equilibrio territorial y social.

La Guardia Civil subraya que el incumplimiento de las leyes urbanísticas no solo supone un delito, sino que puede traer consigo "graves consecuencias legales" y repercutir de manera "negativa" en el desarrollo ordenado de los municipios.

Con ello, el cuerpo policial insta a todos los ciudadanos a informarse de manera adecuada y a actuar conforme a la normativa vigente en cualquier proyecto de construcción, contribuyendo así al bienestar común y al desarrollo adecuado de sus comunidades.