Este martes, 7 de octubre, más de 16.000 educadores en Extremadura se han movilizado en una huelga organizada por los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP. La acción se realiza para demandar la equiparación salarial de los maestros, frustrados por la falta de avance en las negociaciones con la Junta de Extremadura.

Los sindicatos, que también forman parte de la Mesa Sectorial de Educación, advierten que si no se resuelve esta situación, los docentes extremeños se convertirán en los peor remunerados de todo el país a partir de enero de 2026, a pesar de los acuerdos logrados en otras comunidades autónomas.

Un informe de FUNCAS destaca que los profesores en esta región son considerados como los más dedicados a sus estudiantes, mostrando una notable disposición para llevar a cabo tareas adicionales sin recibir compensación económica alguna, lo que resalta su compromiso y vocación profesional.

Además de la huelga, los sindicatos han planificado una manifestación a las 11:00 horas en Mérida, invitando a todos los docentes de distintas etapas educativas a unirse a la causa y pidiendo el respaldo de la comunidad educativa en su conjunto.

La marcha comenzará en la rotonda del Puente Lusitania y recorrerá varias calles importantes hasta concluir en la Plaza de España, donde se esperan discursos y reivindicaciones por parte de los líderes sindicales.

Para minimizar el impacto de esta huelga en los estudiantes, se han estipulado servicios mínimos en colaboración entre el Comité de Huelga y la Consejería de Educación, que se mantienen en línea con los acordados en ocasiones previas.

La resolución emitida por la Consejería de Educación el pasado viernes especifica que estos servicios mínimos son cruciales para asegurar el derecho a la educación de los alumnos, igualando las funciones de dirección para quienes no se adhieran a la huelga, así como asegurando atención a los alumnos internos durante las horas necesarias.

Asimismo, se subraya que el personal que decida continuar trabajando en los centros educativos debe poder ejercer su derecho al trabajo, y los padres de alumnos menores de edad tienen el derecho de cumplir con sus obligaciones laborales en este día laboral.

El encargado de la dirección en los centros educativos no universitarios será responsable de mantener la apertura del centro al iniciar la jornada escolar y de determinar, en caso de desacuerdo, qué funciones se consideran como servicios mínimos, de acuerdo con el personal disponible.

Finalmente, la Consejería recuerda que el incumplimiento de las normativas para atender estos servicios esenciales será objeto de sanciones conforme a la ley vigente y que cerrar los centros educativos sería un acto que contraviene las directrices establecidas en la reciente resolución.