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Sanidad 11 de Julio de 2026 · 13:32h 2 min de lectura

El 70% de los alumnos extremeños de Primaria tienen móvil propio, según un estudio

Un estudio reciente revela que el 70% de los alumnos de Primaria en Extremadura disponen de un teléfono móvil personal. La edad media de adquisición del primer móvil se sitúa en los 10 años. Además, el informe indica que casi uno de cada diez menores ha sufrido ciberacoso y que un 4,1% de los adolescentes realiza un uso problemático de las redes sociales, mientras que un 1,3% presenta posibles trastornos por uso de videojuegos.

El informe, elaborado en colaboración con varias instituciones, también destaca que el acceso a contenidos pornográficos en menores comienza de media a los 12 años. Aunque el consumo habitual se sitúa en un 9,8%, un 6,6% muestra signos de consumo problemático. En el ámbito emocional, un 11,3% del alumnado presenta síntomas de malestar, con un riesgo suicida elevado en un 7,2%, especialmente entre las chicas.

Este panorama refleja el impacto de las tecnologías en la infancia y adolescencia en Extremadura, en un contexto donde las medidas de mediación parental siguen siendo insuficientes. Solo una cuarta parte de los padres establecen límites claros sobre el uso de los dispositivos digitales por parte de sus hijos.

La situación también evidencia la necesidad de estrategias integrales que involucren a instituciones, familias y sector privado. La regulación del entorno digital y la promoción de hábitos saludables son medidas clave para reducir los riesgos asociados.

Desde una perspectiva política, estos datos refuerzan la demanda de políticas públicas que fortalezcan la protección infantil en el medio digital. La coordinación entre administraciones y la industria tecnológica será esencial para garantizar entornos seguros y saludables para los menores.

El avance en la digitalización y el aumento del uso de dispositivos en la infancia obligan a replantear las estrategias de protección y educación digital. La tendencia apunta hacia una mayor regulación y a la incorporación de la perspectiva de derechos en las políticas tecnológicas futuras.

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