El PSOE exige respuestas y medidas ante las deficiencias en la protección animal en Badajoz

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha solicitado al Ayuntamiento explicaciones y acciones urgentes debido a las graves carencias detectadas en el Centro de Protección Animal. La gestión del servicio, actualmente en manos de Athisa, dejará de prestar la perrera municipal a partir del 15 de septiembre, tras finalizar el contrato de prestación forzosa.

Este escenario se produce en un contexto donde las organizaciones protectoras y partidos políticos, como Pacma y Unidas por Extremadura, han denunciado desde hace meses la saturación, falta de recursos y opacidad en la gestión del centro. La situación ha sido calificada por el PSOE como una consecuencia de la gestión deficiente del equipo de gobierno del PP en los últimos años.

En el comunicado de Athisa se admiten limitaciones estructurales, brotes infecciosos y restricciones temporales en la admisión de animales. La empresa también señala dificultades en la infraestructura y recursos necesarios para un funcionamiento adecuado, lo que confirma las denuncias del partido socialista y protectoras.

El PSOE cuestiona la efectividad de la gestión municipal, pese a que la nueva licitación para el servicio ya está en proceso. La formación exige al alcalde, Ignacio Gragera, que explique qué medidas ha adoptado el consistorio ante la recogida y atención de animales en los últimos meses, especialmente durante el periodo en que la empresa dejó de prestar el servicio.

Desde el Ayuntamiento, se ha informado que la licitación está en marcha, pero el PSOE sostiene que aún no hay una solución definitiva. La formación política critica que, tras meses de inacción, las condiciones del centro siguen siendo precarias y que el problema persiste sin una estrategia clara para garantizar un servicio estable y transparente.

Finalmente, los socialistas advierten que la salida de Athisa no resolverá los problemas estructurales, que llevan años sin abordarse. Plantean que el futuro del centro requiere una gestión responsable y un compromiso firme del equipo de gobierno para mejorar las instalaciones y las condiciones para animales y voluntarios, en un contexto donde la protección animal ha cobrado mayor atención social y política.