El pasado 22 de febrero, en Cáceres, el Comité de Empresa de la Central Nuclear de Almaraz hizo un llamado urgente a las autoridades para que busquen alternativas que aseguren la operación continua de la planta. Los representantes de los trabajadores advierten que el cierre de la instalación podría desencadenar una "catástrofe económica y social sin precedentes" en la región de Campo Arañuelo, así como en toda Extremadura.

El comité enfatizó que Extremadura ha soportado suficiente "castigo" y que un posible cierre de la central sería equivalente a "condenar de nuevo" a la región, dado que esta planta representa su principal industria y una fuente importante de empleos de calidad. También subrayaron que esta situación llevaría a muchos trabajadores a "emigrar de nuevo" en búsqueda de mejores oportunidades fuera de la comunidad autónoma.

Los integrantes del comité señalaron que la clausura de Almaraz provocaría un "shock económico" que alejaría aún más a Extremadura del desarrollo, acentuando la percepción de que la región es una de las más olvidadas de España. Así, instaron a no permitir este "agravio" que afectaría a la comunidad.

Asimismo, los trabajadores destacaron la energía nuclear como un pilar esencial para la industrialización de la región. En su comunicado, señalaron que hay inversiones importantes en juego que dependen de un "potente suministro eléctrico" que solo la Central Nuclear de Almaraz puede asegurar.

El comité también resaltó que Almaraz es considerado un "referente mundial" en el ámbito nuclear. Las empresas que la operan invierten anualmente alrededor de 50 millones de euros en modernización y mejora de sus instalaciones, lo que garantiza que se mantenga en las mejores condiciones técnicas y de seguridad, con capacidad de operación incluso durante 80 años.

Además, manifestaron que las compañías propietarias están dispuestas a seguir operando siempre que se aborde el "agravio fiscal" que pesa sobre la planta. El comité subrayó que en 2025 se prevé que los impuestos y tasas a pagar alcancen los 435 millones de euros, una cifra que supera todos sus costos operativos y de mantenimiento. También se señalaron como "redundantes y discriminatorios" respecto a otras tecnologías, además de ser inexistentes en otros países con centrales nucleares.

A esto se suma lo que ellos consideran una "subida injustificada" de la tasa que ENRESA aplica para la custodia de residuos, que se fijó en 7,98 euros por MWh y que el próximo año se incrementará en un 30%, a pesar de que no ha habido un cambio significativo en los residuos generados.

El Comité de Empresa reafirmó su compromiso en esta lucha y aseguró que no abandonará a los empleados ni a los ciudadanos de Campo Arañuelo y Extremadura en su defensa de la Central Nuclear de Almaraz.