MÉRIDA, 16 de septiembre.

Las empresas de transporte escolar en conflicto con la Junta de Extremadura han manifestado hoy que "nunca han hecho requerimientos ilegales" y atribuyen la falta de consenso a "graves incumplimientos" por parte del Gobierno regional.

Estas declaraciones surgen como respuesta a lo expresado por la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, después de una reunión con los representantes del sector, que no resultó en un acuerdo. La consejera había indicado que las empresas estaban pidiendo compromisos que estaban "fuera de la ley".

A través de un comunicado conjunto, más de 40 empresas extremeñas dedicadas al transporte escolar desmienten categóricamente las afirmaciones de la consejera, considerándolas "falsas y carentes de sustento". Además, aclaran que han optado por no participar en las últimas licitaciones Iniciativas de la Administración autonómica.

Las empresas argumentan que el origen del conflicto radica en el incumplimiento grave de los pactos establecidos entre la Administración y los operadores del sector desde el 12 de marzo de 2025, lo que estaría perjudicando el servicio de transporte escolar y generando "caos e indignación" entre las familias al inicio del nuevo curso.

Subrayan que su principal objetivo es "proporcionar un servicio de calidad" a los estudiantes y garantizar condiciones justas para sus trabajadores y las empresas. Han expresado su preocupación porque la situación actual ha sido "empeorada notablemente" por las declaraciones de la consejera después de la fallida reunión del lunes.

Las empresas también han añadido que, tras meses de diálogo, el 12 de marzo de 2025, la consejera se había comprometido mediante un documento a abordar diversos asuntos, como la modificación del Acuerdo Marco vigente y la actualización de las tarifas correspondientes a las distintas rutas de transporte escolar.

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