Madrid/Mérida, 20 de octubre. En un reciente informe sobre las finanzas de las comunidades autónomas, se ha revelado que la comunidad de Extremadura cerró el año 2024 con una deuda pública per cápita que oscila entre 4.000 y 5.000 euros, posicionándose en la media de la deuda regional en España.

El estudio, elaborado por el Observatorio de Derecho Público IDP Barcelona y dirigido por un equipo de académicos, destaca que solo Cataluña y la Comunidad Valenciana superan la barrera de los 10.000 euros en deuda por habitante, con cifras cercanas a los 12.000 euros.

En el lado contrario, las Islas Canarias mostraron la deuda más baja, con 3.000 euros por residente, seguidas de Navarra y Asturias, que se sitúan en 4.000 euros. A continuación se encuentra la Región de Murcia, con más de 8.000 euros por persona, mientras que Castilla-La Mancha, Aragón y Baleares muestran números que oscilan entre 6.000 y 8.000 euros.

En el ranking de regiones, Castilla y León se acerca a los 6.000 euros, mientras que Cantabria, la Comunidad de Madrid, Extremadura, La Rioja, el País Vasco, Andalucía y Galicia comparten un rango de deuda per cápita que se encuentra entre los 4.000 y 5.000 euros.

Cuando se analiza la deuda pública total en relación al Producto Interior Bruto (PIB), se confirma que Valencia ostenta el mayor nivel de endeudamiento, alcanzando un 40,7%, seguida de Murcia con el 31,5%, Cataluña con 29,7% y Castilla-La Mancha, que alcanza el 29%.

En contraste, el endeudamiento de Navarra, Canarias, País Vasco, Madrid, Asturias, La Rioja y Galicia se mantiene por debajo del 15%, apuntando a una gestión más prudente de sus finanzas.

El informe también se centra en la deuda acumulada por las autonomías con respecto al Estado. Cantabria lidera este indicador con un 93,3%, seguida de Murcia con un 93,1%. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha alcanzan el 88,1%, mientras que Cataluña se sitúa en 87,5% y Extremadura en 78,9%.

Por otro lado, las comunidades que presentan una mayor dependencia financiera del Estado son Asturias, Canarias, Castilla y León y Galicia, con porcentajes que oscilan entre el 11 y el 20%. Es importante señalar que el País Vasco y Navarra no tienen deuda con el Gobierno central debido a la ausencia de participación en los mecanismos extraordinarios de financiación, al igual que Madrid, que liquidó sus compromisos en 2019.

A lo largo de 2024, la deuda de las comunidades con el Estado ascendió al 62,8%, lo que representa un aumento del 1,9% respecto al año anterior y un incremento del 44,7% en comparación con 2012, cuando estaba en un 18,1%. Esta situación refleja un estado de "riesgo de dependencia" que muchas autonomías enfrentan debido a medidas de financiamiento implementadas tras la crisis de 2008.

Además, el informe aborda la deuda viva total de las administraciones públicas, que alcanzó en 2024 los 1.620.569 millones de euros, un 2,87% más que el año anterior. De esta cantidad, 1.489.311 millones corresponden a la Administración central, 335.947 millones a comunidades, 22.846 millones a corporaciones locales y 126.173 millones a la Seguridad Social.

Excepto los ayuntamientos, que vieron una disminución del 2%, todas las administraciones han reportado un crecimiento en sus niveles de deuda: la Seguridad Social incrementó un 8,6%, la Administración General del Estado un 3,7% y las comunidades autónomas un 3,3%.

En cuanto a su impacto en el PIB, se ha observado una caída general del 3,3%, con reducciones del 2,2% en la Administración central, del 0,6% en comunidades autónomas, y un ligero crecimiento del 0,1% en la Seguridad Social.