La comunidad autónoma de Extremadura, bajo el mando de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García, ha confirmado su decisión de acoger a 30 menores migrantes no acompañados en el marco del cupo solidario de 2024, aunque ha criticado al Gobierno central por lo que considera una "imposición".

En declaraciones luego de la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia, García ha instado a los ministros Sira Rego y Ángel Víctor Torres a actuar con coherencia y no afirmar en público que la responsabilidad de la reforma de la ley de extranjería recae en las comunidades autónomas, mientras en privado admiten que no tienen competencia sobre el tema.

La consejera ha calificado la situación como una "tragedia humanitaria" y ha enfatizado la solidaridad de Extremadura, aunque se muestra en desacuerdo con un reparto impuesto de responsabilidades. Declaró: "Estamos a favor del diálogo y del consenso, nunca de la imposición ni de la singularidad".

Asimismo, ha exigido al Gobierno asumir su responsabilidad en materia de política migratoria efectiva y en la asignación presupuestaria, señalando que actualmente Extremadura tiene 38 menores migrantes bajo tutela que fueron enviados como adultos y luego se demostró que son menores de edad según la fiscalía.

"Exigimos que sean reconocidos como menores en igualdad de condiciones que aquellos que llegan como menores", añadió García.

La consejera ha justificado su ausencia en una visita a un centro de menores en Tenerife invitando a los ministros a un albergue en Mérida con capacidad para casi 1.000 migrantes, y también ha expresado su desaprobación por el hecho de que abandonaran la mesa de la conferencia para hablar con los medios de comunicación. "En Extremadura siempre mostraremos seriedad, respeto y lealtad institucional, pero estamos hablando de vidas humanas", concluyó.