• martes 31 de enero del 2023

Extremadura destina 540 euros por habitante a Servicios Sociales, un 2,96% del PIB regional, según un informe

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MADRID/MÉRIDA, 22 Jun.

La red social autónoma de Extremadura destina 540 euros por habitante a Servicios Sociales, un 2,96 por ciento del PIB regional, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Así se comprueba en el Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales, el 'Índice DEC 2021', anunciado este miércoles, que detalla la situación de estos servicios tras el encontronazo de la pandemia y que alarma de que exactamente la misma ha "frenado" su restauración.

El informe concluye que "se quiebra una enclenque restauración que se venía comprobando desde 2016, tras los recortes producidos por la crisis", más allá de que en 2020 aumentó un diez por ciento el gasto que las comunidades autónomas y las entidades locales hicieron en servicios sociales.

Frente a este aumento del gasto, la asociación advierte de que ciertos servicios sociales se vieron "estropeados o aun han reculado", como los servicios sociales básicos o comunitarios, y la red de atención principal del Sistema en distritos, pueblos y regiones, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 pobladores en 2020, a uno por cada 2.064 pobladores en 2021.

Además, el informe declara que los servicios sociales para personas mayores, el colectivo mucho más perjudicado por la pandemia, no mejoraron en 2020. Así, se aprecia que las plazas residenciales se sostienen prácticamente igual (2,7%) que el año previo (2,68%); y que el servicio de asiste para hogar experimenta un aumento de 2 décimas en su cobertura (de 4,9% en 2019 a 5,1% en 2020) pero recula en su intensidad, con 2,8 horas menos de media por mes (de 20,6 en 2019 a 17,8 en 2020).

La asociación asimismo demanda que los centros de día se sostienen prácticamente igual (con un aumento de 0,01 puntos) y el servicio de teleasistencia se disminuye 2 décimas. También reculan o tienen aumentos "muy enclenques" los acogimientos familiares a menores (0,3 puntos menos), las plazas residenciales para personas con discapacidad (0,06 puntos mucho más), las plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (descienden 0,1 puntos), y las plazas de hosting para personas sin hogar (0,5 puntos mucho más).

En este sentido, los directivos de servicios sociales apuntan que "los aumentos económicos no alcanzan para prosperar la oferta de posibilidades o servicios, sino tienen que ir acompañados de maneras de administración diligentes".

Además, de los datos se desprende que el gasto de las comunidades autónomas y entidades locales en servicios sociales aumentó un diez por ciento, pasando de una media de 406,3 euros por habitante en 2019 a 446,9 euros en 2020.

Los autores del informe necesitan que este aumento piensa, por una parte, un incremento de 28 décimas sobre el PIB, pasando del 1,6 por ciento en 2019 al 1,88 por ciento en 2020, pero, por otro, pierde significación en el presupuesto global de las comunidades autónomas y de las entidades locales, pasando de representar el 9,95 por ciento en 2019 al 7,78 por ciento en 2020.

Además, de los datos se desprende que hay "enormes diferencias" entre territorios, que suponen una "enorme desigualdad de ocasiones reales". Sin estimar las comunidades con un régimen foral, como el País Vasco, con 971,1 euros de gasto por habitante en servicios sociales, o Navarra (608,3 euros), resaltan las diferencias entre Extremadura (540,4 euros) o La Rioja (512,7 euros), en frente de Madrid (357,1 euros) o Murcia (317,4 euros).

En esta línea, el porcentaje del PIB regional que las gestiones públicas del País Vasco destinan a Servicios Sociales (3,19%), o Extremadura (2,96%), triplican al que destinan las de la Comunidad de Madrid, con un 1,11 por ciento.

Estas diferencias de gasto se expresan en la cobertura eficaz de posibilidades y servicios a la ciudadanía en los distintos territorios. Así, según apunta el informe, en Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 pobladores, al tiempo que en la Comunidad de Madrid hay un profesional por cada 5.515 pobladores.

Por otro lado, el Índice DEC 2021 hace cómputo de la evolución de los servicios sociales en la última década donde tuvieron rincón 2 crisis, la que se inició en 2009 y la de la causada por la pandemia de la Covid-19.

Entre otros cambios, la asociación de directivos y gerentes de servicios sociales resaltan que, en la actualidad, todas y cada una de las comunidades tiene ley de novedosa generación, salvo Madrid, que está en etapa avanzada de elaboración. Asimismo, ha incrementado de cinco a once el número de CCAA con catálogo de servicios sociales, y de 2 a once las comunidades con planificación estratégica.

Además, la asociación pone de relieve que se ha aumentado un 26,2 por ciento el gasto por habitante y año, más allá de que se ha achicado en 0,36 puntos el porcentaje del presupuesto que las gestiones públicas destinan a servicios sociales (8,14% en 2011 en oposición al 7,78% en 2020).

Los autores del informe necesitan que cada vez es mayor el porcentaje de financiación local y menor el porcentaje de financiación autonómica sobre el gasto total en servicios sociales. Así, en 2012, esta proporción era del 83,3 por ciento para las CCAA y 14,6 para las entidades locales, al tiempo que en 2020 pasó a ser 69,4 por ciento para las CCAA y 30,6 por ciento para las entidades locales.

Igualmente, el estudio declara que mejoraron la mayoría de los indicadores de cobertura, resaltando la ratio de expertos por habitante en las construcciones básicas (pasando de un profesional por cada 3.765 pobladores, de media, en 2012, a uno por cada 2.064 en 2021), y las plazas de hosting para personas sin hogar (34,5 por cada cien.000 pobladores en 2011 a 41,2 en 2020).

Si bien, precisa que el aumento es "achicado" en las plazas residenciales de financiación pública para personas mayores (que pasó del 2,37% en 2011 a un 2,7% en 2020) o la asiste para residencia (del 4,4% en 2011 al 5,1% en 2020).

Por el opuesto, ciertos indicadores han empeorado en esta década como la intensidad de la asiste para residencia (que se ha achicado de 19,3 horas de media por mes en 2011 a 17,8 en 2020) o los acogimientos familiares a menores sobre el total de acogimientos (que pasaron del 60,4% en 2011 al 50,1% en 2020).

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