En Mérida, el 9 de septiembre, la Junta de Extremadura ha dado un paso importante en el ámbito del empleo al aprobar una modificación significativa de su Decreto de Empleo Estable. Esta decisión permitirá la convocatoria de ayudas que alcanzan los 32 millones de euros, con la inclusión de dos programas nuevos dirigidos a facilitar la contratación de desempleados de larga duración y exmilitares.

El anuncio fue realizado por el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, quien resaltó que esta medida responde a uno de los compromisos de la presidenta de la Junta, María Guardiola, durante el reciente debate de Estado de la Región. Santamaría enfatizó la relevancia de estas acciones para fortalecer tanto el tejido económico como el social en la región.

Entre los aspectos más destacados de la reforma, se encuentran dos programas diseñados para ayudar a grupos considerados “vulnerables”. El primero, denominado Bono Impulsa Futuro, está destinado a promover la contratación indefinida de parados de larga duración, mientras que el segundo, Bono Impulsa Defensa, se enfoca en los desempleados mayores de 45 años que han concluido su servicio en las Fuerzas Armadas. Las ayudas pueden variar entre 5.500 y 24.300 euros, e incluirán la cobertura total de los costes anuales de la Seguridad Social.

Además, Santamaría subrayó que la modificación del Decreto no solo aumenta las ayudas para mujeres víctimas de violencia de género en un 30%, sino que también transformará contratos temporales en indefinidos procedentes del programa Contrata Excelencia, lo que beneficiará al empleo juvenil.

Las nuevas medidas refuerzan, según el consejero, el compromiso del Gobierno Autónomo hacia la integración laboral y están enfocadas en el desarrollo profesional de los jóvenes en Extremadura. Pronto se espera que el Consejo de Gobierno presente oficialmente la convocatoria para estas ayudas, que, con un aumento de 4 millones de euros respecto a la edición anterior, evidencian un esfuerzo del Ejecutivo regional, especialmente considerando que en los últimos tres años no ha recibido el apoyo de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, lo que suma un total de 36 millones de euros no percibidos para políticas laborales activas.