En una reciente reunión, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura decidió, de manera firme, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el controvertido impuesto a la banca establecido por el Gobierno español.

Según el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, el recurso tiene como objetivo cuestionar la disposición final novena de la Ley 7/2024, que introduce un gravamen sobre el margen de intereses y las comisiones de ciertas entidades financieras.

Bautista manifestó el descontento de la Junta ante la manera en que se va a repartir la recaudación de este impuesto, ya que se basa en el enfoque de “dar más a quienes más tienen.” Este método se fundamenta en el Producto Interno Bruto de cada comunidad autónoma, lo que, según Bautista, va en contra de los principios que rigen el sistema de financiación autonómica.

En una clara defensa de la justicia fiscal, el consejero denunció que este método de distribución es “completamente injusto” y favorece a las comunidades "más prósperas" a expensas de las "más humildes". “Es decir, estamos viendo cómo se beneficia a quienes ya tienen mucho, mientras que se deja en la precariedad a los menos favorecidos,” lamentó.

Abel Bautista señaló que de los 1.700 millones de euros que el mandato del impuesto busca recaudar, Extremadura apenas recibiría la irrisoria suma de 30 millones, en contraste con los 346 millones que se destinarían a Cataluña debido a este “criterio discriminatorio”.

El consejero argumentó que la Junta considera que esta legislación viola principios fundamentales de la Constitución como la “igualdad, la justicia y la progresividad” y subrayó que es “evidente” que la imposición de este impuesto representa una inclinación hacia el “separatismo”, lo que afecta negativamente a las comunidades autónomas que permanecen leales al Gobierno central.

Por último, Bautista destacó que, en lugar de disminuir las desigualdades entre las regiones, como establece la Constitución, esta política fiscal favorece de manera descarada a unas comunidades en detrimento de otras, ignorando el bienestar general de todos los españoles.