La Junta de Extremadura ha solicitado al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que elimine la obligatoriedad de la cotización a la Seguridad Social de los alumnos durante sus prácticas formativas en empresas.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, trasladará esta petición en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebrará de manera presencial este miércoles en Madrid.

Según la Junta, doce comunidades autónomas, incluyendo a Extremadura, respaldan esta iniciativa y han logrado que la conferencia se lleve a cabo de forma presencial en lugar de telemática, como había propuesto el Ministerio.

Los consejeros de Educación insistieron en tener esta reunión presencial debido a la importancia de los temas que se tratarán, como la normativa que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, que requiere la cotización de las prácticas formativas de los alumnos en empresas.

Según el Gobierno, esta medida afectará especialmente a los alumnos de Formación Profesional, ya que son el grupo más numeroso. En Extremadura, este año académico hay 22.694 alumnos en modalidad presencial y a distancia.

Específicamente, Extremadura solicitará la eliminación de la disposición adicional número 52 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que involucra a los alumnos en el sistema de la Seguridad Social durante las prácticas formativas.

Esta disposición está programada para entrar en vigor el 1 de enero de 2024, de acuerdo con el artículo 212 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio.

En ese sentido, Extremadura argumentará que esta medida parte de una concepción errónea al considerar a los alumnos como trabajadores, además de no estar respaldada por una memoria económica ni tablas de costes de referencia, ni contar con el apoyo técnico necesario para la gestión de altas y bajas.

La consejera María Mercedes Vaquera considera que estas medidas pueden disuadir a las empresas de aceptar alumnos para realizar prácticas, y señala que se han tomado de forma urgente y sin consenso ni consulta a los profesionales de la educación y la comunidad educativa.

La Conferencia Sectorial de Educación también abordará otros temas, como los criterios de distribución y reparto de créditos en programas de cooperación territorial, la ampliación del plazo de ejecución del programa de mejora de la competencia digital educativa, y la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos destinados al redimensionamiento de la oferta de Formación Profesional en el Plan de Modernización de la FP en 2023.