Crónica Extremadura.

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Injusticia en Mérida: Imposición de prisión por estafa veterinaria

Injusticia en Mérida: Imposición de prisión por estafa veterinaria

MÉRIDA, 8 Nov.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha dictado sentencia este miércoles, día 8, condenando a J.T.G. a la pena de dos años de prisión por ejercer ilegalmente como veterinario.

El individuo condenado, sin tener la titulación requerida para ejercer como veterinario, llevó a cabo de forma continua, aproximadamente desde 2018, diversas actividades propias de la profesión veterinaria, tales como la administración de vacunas antirrábicas a perros, diagnósticos clínicos, desparasitaciones y vacunaciones antirrábicas, y firmó formularios de identificación canina, según explica el Colegio de Veterinarios de Cáceres en un comunicado.

Además, durante el período en el que se hizo pasar por veterinario, también tramitó documentos sanitarios oficiales para animales de compañía, adquirió medicamentos exclusivamente veterinarios y fraudulentamente atribuyó un número de colegiado del Colegio de Veterinarios de Cáceres, emitiendo certificados veterinarios.

En este proceso judicial penal, el Colegio de Veterinarios de Cáceres actuó como acusación particular, representado por los abogados Juan Ramón Corvillo y Máximo Díaz, de la firma Corvillo Abogados SLP. Además de la condena de dos años de prisión emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida, se le han impuesto al acusado las costas legales generadas durante el procedimiento.

El presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente, destaca la importancia de esta sentencia, ya que constituye una de las condenas más severas impuestas por intrusismo profesional en todo el país.

Asimismo, Vicente anima a todos los ciudadanos a informar al Colegio sobre cualquier actividad que pueda constituir usurpación de funciones, asegurando que la institución colegial cacereña perseguirá toda conducta infractora.

Por último, el colegio recuerda que la veterinaria se enmarca dentro del ámbito sanitario, por lo que este tipo de infracciones pueden suponer un riesgo para la salud y el bienestar animal, así como para la salud medioambiental y pública.