En Mérida, el 19 de marzo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha emitido un comunicado sobre la balsa de riego del Charco de La Maricana, ubicada en Jarandilla de la Vera. Este sistema, cuyo colapso provocó inundaciones en la localidad el pasado lunes, es propiedad de la Junta de Extremadura y, según el organismo, está en una situación legal problemática.

La CHT informa que dicha balsa fue construida a inicios de la década de 1990 bajo la supervisión de la Junta de Extremadura, lo que establece claramente que esta entidad tiene la responsabilidad sobre la infraestructura. Sin embargo, el organismo de cuenca señala que la construcción se llevó a cabo sin la necesaria autorización por parte de la CHT, lo que contraviene la normativa vigente en materia de aguas.

En consecuencia, este hecho pone de manifiesto que la balsa se encuentra en una situación "irregular". La legislación establece claramente que el propietario de la infraestructura es el encargado de garantizar su seguridad. Este deber implica cumplir con las Normas Técnicas de Seguridad y realizar inspecciones cada cinco años. Sin embargo, desde 2004 no se han llevado a cabo revisiones, de acuerdo con la información proporcionada por la CHT.

Además de las revisiones de seguridad, el titular debe elaborar propuestas de clasificación, normas de explotación y planes de emergencia, todos los cuales requieren la aprobación de las autoridades competentes. La balsa, situada en terrenos de dominio público hidráulico, también se encuentra sujeta a la supervisión de la Administración General del Estado, aunque con limitaciones específicas según la normativa correspondiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) juega un papel crucial al ser responsable de la aprobación de los documentos necesarios para la gestión de esta balsa. La CHT aclara que la supervisión de estos aspectos incluye la clasificación de la balsa y el establecimiento del director de explotación, un proceso que ha estado envuelto en irregularidades recientes.

En particular, la balsa de La Maricana fue catalogada en la categoría A, lo que significa que su posible fallo podría tener graves consecuencias para la población y los servicios esenciales de la zona. Esta clasificación se basa en una resolución emitida por la Dirección General del Agua en 2008, considerando factores como la carretera EX-119 y las viviendas situadas aguas abajo.

A pesar de que se designó un ingeniero director de explotación en 2018, la CHT indica que desde la jubilación de este profesional en 2022, no se ha nombrado a un sucesor. Así, la infraestructura no cuenta con normas de explotación ni con un plan de emergencia aprobado en la actualidad.

Desde 2018, la CHT ha requerido nuevamente a la Junta de Extremadura la presentación de un plan de emergencia, así como la subsanación de deficiencias observadas en las normas de explotación. A pesar de las reiteradas solicitudes, el organismo informa que no ha recibido respuesta hasta el momento.

Las recientes normativas de seguridad para presas, aprobadas en abril de 2021, exigen que aquellos que tienen a su cargo infraestructuras de la categoría A realicen revisiones anuales y se adhieran a criterios de seguridad. Sin embargo, la última revisión realizada data de 2004 y fue encargada por la Junta de Extremadura a un consorcio externo.

La CHT enfatiza que su visita de inspección realizada en septiembre de 2022 no puede ser considerada una revisión de seguridad. Aseguran que es responsabilidad del titular cumplir con las normativas y realizar las inspecciones necesarias, mientras que la función de la CHT se limita a la supervisión y validación de los informes entregados por los responsables de la balsa.

De esta manera, la confederación reitera que el propietario de la balsa es el exclusivo responsable de llevar a cabo las revisiones de seguridad estipuladas por las regulaciones vigentes, destacando la importancia de que estas tareas se realicen a tiempo para prevenir desastres en el futuro.