La comunidad de regantes recurre al Supremo tras condena por fallecimiento en Orellana

La Comunidad de Regantes del Canal de Orellana ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo tras la condena solidaria a pagar cerca de 188.000 euros por la muerte del menor Gonzalo Calle Moreno en 2020. La Audiencia Nacional ratificó la responsabilidad de la organización, que inicialmente fue condenada junto a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

El caso se enmarca en un contexto de debates sobre la seguridad en los canales de riego en Extremadura, donde las instituciones públicas y organizaciones agrarias enfrentan presiones por la protección de la ciudadanía y la gestión del agua. La muerte del joven, ocurrido en un tramo sin medidas de seguridad, evidenció la necesidad de reforzar la señalización y los elementos de prevención en estos espacios.

El recurso presentado por la comunidad de regantes ha generado controversia, ya que intenta reducir su responsabilidad alegando que no es responsable de la gestión de la infraestructura. Además, la familia de Gonzalo denuncia que la organización ha manipulado datos, incluyendo la edad del menor, para influir en la decisión judicial del Tribunal Supremo.

Este caso evidencia las tensiones existentes en la gestión del agua en Extremadura, donde la política hidráulica se encuentra en el centro del debate. La Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha asumido la responsabilidad y no ha recurrido la condena, a diferencia de la comunidad de regantes, que busca evitar el pago mediante recursos judiciales.

El escenario actual refleja una lucha entre distintos actores por la responsabilidad en la seguridad de los canales y la protección de los derechos de los ciudadanos. La resolución del Tribunal Supremo será determinante para definir las obligaciones de las organizaciones agrarias en la gestión de espacios peligrosos y la protección de menores en zonas de alta peligrosidad.

En perspectiva, este caso puede marcar un precedente en la responsabilidad civil de las entidades que gestionan infraestructuras de riesgo en Extremadura, reforzando la necesidad de políticas públicas que garanticen la seguridad en los espacios de uso público, especialmente en áreas próximas a zonas agrícolas y de riego.