Crónica Extremadura.

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La Junta ajustará leyes de conservación y protección forestal para beneficiar al campo.

La Junta ajustará leyes de conservación y protección forestal para beneficiar al campo.

En Mérida, a fecha del 24 de septiembre, la Junta de Extremadura ha decidido iniciar un proceso de reforma de las leyes que rigen la Conservación de la Naturaleza y la Protección Forestal. Esta iniciativa busca conciliar la protección de los recursos naturales con el impulso del desarrollo económico y social, abordando así las verdaderas necesidades del ámbito rural.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, ha expresado que, según su perspectiva, la gestión ambiental en la región ha priorizado durante demasiado tiempo la protección del medio ambiente sobre el bienestar de las personas. Ramírez ha resaltado que las políticas de gestión forestal deben estar alineadas con las realidades que enfrentan sus habitantes.

En su comparecencia ante la comisión de la Asamblea, Ramírez hizo un llamado a realizar cambios necesarios en la legislación, que, a su juicio, no refleja la verdadera situación de los montes. Asegura que actualmente existe un marco normativo que desatiende las circunstancias que viven los habitantes del entorno rural.

El consejero ha enfatizado que las actuales regulaciones han impuesto un modelo de gestión que no responde a las necesidades fundamentales de los pobladores de estas áreas. Por lo tanto, subrayó la importancia de reformar las leyes y de involucrar a los afectados en el diseño de políticas forestales que respeten tanto el medio ambiente como las demandas de las comunidades rurales.

Ramírez ha anticipado que las reformas proyectadas favorecerán a aquellos que realmente se encargan del cuidado y mantenimiento de los montes. Parte de estos cambios incluirá la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, con el objetivo de permitir actuaciones tradicionales dentro de los espacios naturales de manera más flexible.

Además, el consejero aseguró que se reformará la Ley de Protección Ambiental de Extremadura, eliminando así la necesidad de presentar evaluaciones ambientales abreviadas para las actividades que involucren prácticas agrarias tradicionales y acciones preventivas.

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