MÉRIDA, 6 Feb.
La Junta de Extremadura registró en la Asamblea una modificación de la presente Ley de Vivienda, que data de 2019, para ingresar principalmente una regulación de un impuesto a enormes tenedores de inmuebles vacíos (mucho más de cinco en el transcurso de un intérvalo de tiempo de tiempo juntado de sobra de un año), para hacer un fondo de garantía para el ingreso de jóvenes a la adquisición de casas, y para articular un mecanismo de protección en frente de los desalojos en los que haya menores en el residencia.
La modificación de la regla fué registrada este lunes en la Cámara autonómica para su comienzo de tramitación parlamentaria por la parte del representante de la Junta, Juan Antonio González, y la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, quien ha recalcado que el Ejecutivo extremeño encara el enfrentamiento en la Asamblea de los cambios que ofrece "siempre y en todo momento con el ánimo de oír" las aportaciones de los conjuntos parlamentarios y de "progresar" el artículo en este momento registrado.
De este modo, el impuesto a las casas vacías se encontraba incorporado a la Ley 11/2019 en la actualidad en vigor, pero no se podía utilizar por el hecho de que requería una parte de un avance reglamentario que implicaba un carácter de ley y que en este momento con la modificación de la regla se introduce, de tal modo que lo que se aplica con el cambio propuesto es un impuesto a los enormes tenedores de casas, personas jurídicas, sociedades y fondos de inversión que tengan mucho más de cinco casas vacías en el transcurso de un periodo de tiempo de tiempo juntado de sobra de un año.
"Comprendemos que una de las maneras de supervisar el valor del alquiler es progresar la oferta y no dejar que haya enormes sociedades que amontonen casas desocupadas y que con eso intenten que no haya oferta bastante en la zona", ha espetado la consejera, quien aseguró que en Extremadura no hay un "inconveniente" de número de entidades inmobiliarias "pero no obstante sí tenemos la posibilidad de tener un inconveniente de oferta lanzada al mercado que alivie los costes del alquiler de la vivienda".
En lo que se refiere al importe del impuesto, Leire Iglesias explicó que va a depender de la área y va a ser "progresivo", de forma que "desde 500 m2 de área desde 7,5 euros hasta 22,5 euros el metro cuadrado dependiendo de la disponibilidad de área de vivienda vacía". "En el momento en que tienes mucho más de 4.000 m2 ya que se aplica el máximo tributo y en el momento en que tienes menos área libre hay menos tributo", ha añadido la consejera.
Sobre esto, ha añadido que --según el rastreo efectuado por la Junta-- hay cerca de 40 ó 50 sociedades en Extremadura susceptibles de tener que dar el tributo por amontonar inmuebles, y desde la entrada en vigor de la regla va a haber que cotejar y contrastar la situación para utilizar entonces un trámite de autoliquidación "muy afín" al que aplican otras comunidades como Valencia o Cataluña.
Además, con la modificación de la regla que expone la Junta se crea el Fondo de Garantía como "instrumento para hacer más simple el ingreso a la adquisición, en especial a la población joven", de forma que la Administración se transformará --a través de la regulación por ley-- en "avalistas y garantes de la una parte de la financiación del ingreso al crédito que no tienen la posibilidad de contar con la gente jóvenes".
En este punto, Iglesias ha señalado que más allá de que los datos de empleo en la zona y de empleo joven "van progresando", y "singularmente" en lo que tienen relación con los contratos sin definir, "todavía no hay bastante población con aptitud de ahorro para obtener una casa".
Sobre el aval a los jóvenes, ha recordado que hay una restricción en la concesión de préstamos de hasta un 80 por ciento y, por consiguiente, un 20 por ciento que no está financiado y, si bien la modificación de la ley que ofrece la Junta se restringe a agarrar la creación del fondo y no establece ahora mismo el porcentaje, la intención del Ejecutivo autonómico es "por lo menos lograr hasta un 15 por ciento" de la cantidad no sustentada económicamente.
De igual manera, como aspecto "muy reciente" por el hecho de que no hay un marco comparativo sobre esto en otras unas partes de España, con la modificación de la Ley de Vivienda que quiere la Junta se crea un mecanismo de protección en frente de los desahucios en los que concurran personas menores de edad, atendiendo a la Ley de Protección del Menor y la Niñez.
"El hecho de ser lanzado de una casa por cuestiones forzosas es un acto muy violento que sufre el grupo de la familia pero que en especial sufre la población mucho más joven, en un caso así la niñez", ha espetado.
Con esto, la Junta crea un mecanismo de protección en el que en el momento en que se genere la pérdida de la vivienda "antes de tener que asistir a la vía de la fuerza la Administración responda con cualquier instrumento a su mano, bien sea adquisición de inmueble, subvenciones, adjudicación directa de una casa, para eludir que la gente menores deban padecer una situación de esas peculiaridades, singularmente en un tiempo en el que más adelante se suspenderán las restricciones de los desahucios que hay en este preciso momento en vigor y para impedir que se logren generar unas situaciones de esas especificaciones".
Por otro lado, preguntada sobre la solución habitacional en el caso de hacinamiento a la que tiene relación la Ley de Vivienda, la consejera indicó que hablamos de otra cuestión que no guarda relación con el Fondo de Garantía y que se regula en la ley, que charlaba de 2 ocasiones que se generan del mal empleo de la vivienda (además de las vacías), como la infravivienda y el hacinamiento.
"Lo que hacemos es desarrollar normativamente mejor las cuestiones similares con el hacinamiento para en la situacion en que se generen ese género de ocasiones y se generen ocasiones de falta de convivencia, inconvenientes de convivencia derivados de esos hacinamientos los municipios logren intervenir y la Junta respaldarlo", explicó Leire Iglesias.
