El Gobierno de Extremadura ha expresado su inquietud y oposición ante el borrador del Real Decreto que está en proceso de aprobación, destinado a implementar el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en relación al registro de jornada. Esta normativa, promovida por el Ejecutivo central, se encuentra actualmente en una fase de tramitación urgente.

Ante esta situación, la Junta ha solicitado que se detenga el trámite urgente y se abra un diálogo genuino con las comunidades autónomas y los representantes sociales.

La Junta también ha propuesto realizar un análisis económico y evaluar las cargas administrativas, siguiendo la Guía Metodológica de la MAIN. Además, sugiere modificar el calendario de aplicación de esta ley, proponiendo fechas como el 2 de enero o el 1 de julio, conforme a lo estipulado en la Ley 50/1997, con la finalidad de garantizar una adecuada adaptación a los cambios necesarios.

Asimismo, el Gobierno regional demanda la creación de líneas de ayuda específicas para pequeñas y medianas empresas, así como autónomos, que se financien a través de los Presupuestos Generales del Estado, con el objetivo de facilitar la implementación del sistema de registro digital.

A pesar de su compromiso con el avance de las condiciones laborales y la lucha contra la precariedad, la Junta de Extremadura mantiene que no apoyará medidas que, bajo la justificación de modernización, perjudican a los sectores más desfavorecidos y amenazan la sustentabilidad del tejido productivo de la región. Por ello, insta al Ejecutivo central a reconsiderar el borrador y colaborar con las comunidades autónomas para desarrollar una normativa que sea "justa, viable y adaptada a las necesidades empresariales de cada zona".

En un comunicado oficial, la Junta lamenta que este anteproyecto no se ajuste a las verdaderas necesidades del tejido empresarial extremeño, caracterizado por su gran cantidad de microempresas y autónomos. Consideran que las nuevas obligaciones administrativas son "desproporcionadas y perjudiciales" para la competitividad y el empleo local.

En esta línea, el Gobierno regional critica la falta de atención a las guías normativas y denuncia la ausencia de evaluaciones económicas que midan el impacto "real" de esta nueva legislación.

Asimismo, advierte que la tramitación de forma urgente podría contravenir el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, al sustituir el proceso de negociación colectiva por un "simple" trámite de audiencia, lo que, según ellos, disminuye el derecho a la participación democrática.

Finalmente, el nuevo sistema de registro digital en tiempo real, que exige compatibilidad, trazabilidad, autenticidad y acceso remoto, se presenta como una carga tecnológica y económica "inasumible" para muchas empresas de la región, especialmente aquellas en áreas rurales y con menor grado de digitalización. De acuerdo a la Asociación Española de Empresas de Consultoría, se estima que solo un 25% de las empresas en España cuentan con un nivel digital sólido, situación que agrava aún más las dificultades en Extremadura.