En la ciudad de Mérida, se ha anunciado una colaboración entre los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres para implementar un servicio de asesoría gratuito dirigido a todos los ciudadanos que enfrentan problemas relacionados con la okupación ilegal de propiedades.

Este esfuerzo es el resultado de un acuerdo firmado entre estas instituciones y la Junta de Extremadura, que destina una suma de 25.000 euros a cada colegio para combatir lo que muchos consideran un preocupante “problema” de okupación ilegal de viviendas.

Las cifras recientes proporcionadas por el Ministerio del Interior revelan que el año 2024 se reportaron 145 incidentes de ocupación ilegal en la región, con un total de 104 denuncias interpuestas por ciudadanos afectados y 24 detenciones relacionadas con estos delitos.

Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes en Mérida, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, expuso que en el último año se logró desocupar 92 viviendas en Extremadura, de las cuales 87 fueron recuperadas de forma exitosa aunque en cinco casos fue necesario proceder con lanzamientos judiciales.

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de un año con opciones de renovación, permitirá que los abogados de ambos colegios brinden apoyo legal inmediato a aquellos que sufran la invasión ilegal de sus propiedades.

Habrá un equipo especializado entre los colegios de abogados de Cáceres y Badajoz que se compromete a ofrecer asistencia urgente a los afectados, apuntando a proporcionar soluciones “eficaces” e “inmediatas” a sus problemas, como destacó el consejero.

El servicio de asesoramiento estará disponible tanto de manera presencial como a través de un número de teléfono habilitado, que atenderá consultas de lunes a viernes. Los abogados asignados responderán directamente a las llamadas durante las mañanas y las tardes, y se han establecido direcciones de correo electrónico para consultas permanentes las 24 horas.

Además, si la situación lo requiere, se podrá organizar una cita presencial tras las consultas iniciales por vía telefónica o en línea, con notificación al abogado coordinador asignado.

El consejero también subrayó el “compromiso” del Gobierno de María Guardiola para proteger los derechos de las familias frente a la problemática de la okupación ilegal, asegurando que no se quedarán de brazos cruzados.

Según Martín Castizo, “el derecho a la propiedad es uno de los pilares del ordenamiento jurídico” y advirtió que la okupación ilegal genera un clima de inseguridad y distorsiona el mercado de vivienda de la comunidad.

El acuerdo firmado busca respaldar el derecho a la propiedad privada y fortalecer la confianza legal de los ciudadanos, en un contexto donde la okupación no solo daña a propietarios legítimos, sino que también afecta a aquellos en situación de vulnerabilidad, como trabajadores en precario, inmigrantes y madres solteras.

El propietario de una vivienda que teme no poder recuperarla suele optar por no alquilar, lo cual, según incide, disminuye la oferta y eleva los precios, creando más dificultades para los que realmente necesitan un hogar.

En el mismo evento, Ildefonso Seller Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Badajoz, agradeció a la consejería por su apoyo y entusiasmo en la creación de este servicio, que comenzará a operar en un plazo de 30 días.

Por su parte, Luis Bohoyo García, vicedecano del Colegio de Abogados de Cáceres, recordó que el derecho a la propiedad es fundamental en nuestra sociedad. También enfatizó la importancia de considerar el “factor humano” en los casos de okupación, abogando por la necesidad de ofrecer ayuda a quienes la requieren.