En el contexto de la conocida época de berrea del ciervo, el gobierno de Extremadura ha decidido intensificar las medidas de vigilancia y control para combatir la caza ilegal, una actividad que representa una grave amenaza para la fauna silvestre. Esta iniciativa se desarrolla en diversas localidades de la región, justo durante un periodo crítico que coincide con la celebración de recechos y aguardos nocturnos.

Las operaciones, que se han llevado a cabo de manera periódica en las últimas semanas, han mostrado resultados positivos en la identificación y erradicación de prácticas furtivas. Según un comunicado emitido este domingo por la Junta de Extremadura, estos operativos han sido fundamentales para proteger la vida silvestre de la región.

El mes pasado, un notable suceso ocurrió en el Coto Social de Cañamero, en Cáceres, donde agentes del medio natural sorprendieron a dos hombres cazando de manera furtiva durante la noche. Estos individuos portaban un arma de fuego equipada con un silenciador y un visor térmico, elementos que están prohibidos según la normativa vigente. Además, carecían de la autorización necesaria para llevar a cabo la caza en esa área específica.

Asimismo, a principios de este mes, en la comarca de Las Villuercas, se registró otro incidente alarmante. Los agentes localizaron a un hombre escondido en la vegetación, quien portaba una escopeta de aire comprimido que había sido alterada de forma ilegal para disparar cartuchos de caza. Esta infracción grave fue debidamente documentada y el arma fue retirada para su análisis por la Guardia Civil.

En un operativo de controles rutinarios realizado el fin de semana en La Siberia, específicamente en Fuenlabrada de los Montes, se detectaron visores nocturnos adaptables a rifles y un silenciador escondido en varios vehículos. Estos componentes no solo están prohibidos, sino que representan una modificación ilegal de las armas en cuestión.

Todas las intervenciones han sido debidamente registradas y enviadas a las autoridades correspondientes. Las infracciones detectadas pueden conllevar severas consecuencias, que incluyen sanciones administrativas y penas de prisión que oscilan entre seis meses y dos años, así como la posibilidad de inhabilitación para ejercer la caza por un periodo de entre dos y cinco años.