El 15 de enero, en Mérida, se ha conocido que la reciente decisión de los agricultores de Tierra de Barros de renunciar a su participación en el proyecto de regadío ha tenido serias consecuencias para la superficie total del mismo. Esta ha disminuido notablemente, pasando de las 15.500 hectáreas que se recogían en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en 2021 a las actuales 10.500 hectáreas.

Ante esta situación, la Administración regional ha propuesto la creación de un nuevo convenio de colaboración con la comunidad de regantes para avanzar en la ejecución del proyecto, ya que no es factible incorporar las 3.500 hectáreas de reserva que no están incluidas en la DIA mencionada. Este argumento fue expuesto por Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, durante el Pleno de la Asamblea, en el que compareció a petición propia.

Higuero no dudó en calificar la situación actual como una "nueva mentira" relacionada con el proyecto del anterior Gobierno regional socialista, afirmando que el actual Ejecutivo ha destapado esta situación irreal. El consejero reafirmó su "firme compromiso" para que el proyecto avance y se materialice "sí o sí", a pesar de los nuevos obstáculos que puedan surgir en el camino.

Con el objetivo de evaluar la nueva situación del proyecto, se ha encargado un análisis que permite reconsiderar la superficie del mismo, situándola entre 8.000 y 12.000 hectáreas. Asimismo, en la reciente reunión celebrada el pasado 16 de diciembre, se planteó a la comunidad de regantes la necesidad de un nuevo convenio que se ajuste a la realidad actual del proyecto.

El consejero identificó como uno de los problemas del convenio anterior su marco temporal, que describió como "imposible de cumplir". Higuero criticó al anterior gobierno socialista por "jugar con las ilusiones" de los agricultores, comprometiéndose a realizar el proyecto en un plazo de cuatro años, sin contar, según sus declaraciones, con un informe de afectación a la Red Natura 2000.

Durante su intervención, Higuero también se refirió al aspecto financiero del proyecto, en el que la Junta ha propuesto destinar una cantidad de 20 millones de euros en el proyecto de Presupuestos para 2025. Sin embargo, esta propuesta aún está pendiente de cierre en un acuerdo para su aprobación la próxima semana, mientras que el consejero continuó exigiendo la colaboración del Gobierno central en este contexto.

Además, el consejero presentó detalles sobre la respuesta recibida de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en relación con las aclaraciones solicitadas en septiembre pasado, especialmente sobre la garantía del suministro para otros usos, el cumplimiento de los caudales ecológicos, y el impacto del regadío sobre la masa de agua y el acuífero de Tierra de Barros.

Según Higuero, el informe presentado se valora como "un documento positivo y concluyente" que puede disipar "ciertas inquietudes" manifestadas por la Comisión Europea, las cuales son fundamentales para el proceso de obtención de fondos europeos. Esta clarificación permitirá, en opinión del consejero, avanzar hacia una estrategia sólida que conduzca a la región a obtener la "deseada financiación europea".

Respecto a las preocupaciones sobre el abastecimiento y los caudales ecológicos, la CHG concluyó que el regadío de Tierra de Barros "no afecta en ningún caso a los usos de abastecimiento e industria". En cuanto a los caudales ecológicos, se aseguró que se podrá seguir cumpliendo con las condiciones legales establecidas con "un 100% de garantías".

Sobre el impacto de las nuevas extracciones de agua en las masas de agua y el acuífero, Higuero destacó que el proyecto ha sido adecuadamente considerado en el análisis de presiones e impactos del Plan Hidrológico, y concluyó que un aumento en las extracciones de los embalses de Villalba y Alange "no producirá un deterioro de las masas de agua".

Por último, en lo relativo a la posible contaminación por nitratos, se afirmó que "no se producirá si se cumplen las medidas" establecidas en el Plan Hidrológico y el Real Decreto 47/2022, del 18 de enero, que tiene como objetivo proteger las aguas contra la contaminación difusa proveniente de fuentes agrarias.