MÉRIDA, 20 Dic.
La Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura ha aprobado este martes la app del 120% de tasas de reposición para los ámbitos primarios y del 110% para los no primarios como criterios en general en la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2022.
La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, quien encabeza la Mesa General, ha señalado que el Ejecutivo regional ha predeterminado el máximo tolerado de la reposición a la oferta pública de los tres ámbitos, Administración General, Servicio Extremeño de Salud (SES) y enseñantes, y que se aúna a los procesos en curso de estabilización del empleo público.
Blanco-Morales ha remarcado que, si bien no piensa la supresión de las tasas de reposición, que Extremadura "siempre y en todo momento ha solicitado", sí que "amplía el margen de actuación" de la composición de la oferta pública, un margen que el Ejecutivo autonómico ha usado, y que piensa un aumento del diez% en relación a la OPE de 2021.
La app de estos criterios se determinará en todas y cada una de las mesas sectoriales, en las que se cuantificarán y van a negociar las plazas que compondrán las respectivas ofertas de trabajo, señala la Junta en una publicación oficial.
Cabe apuntar que, a efectos de tasa de reposición, se piensan ámbitos primarios las Administraciones Públicas con competencias educativas y sanitarias, tal como aquellas destinadas al control y pelea contra el estafa fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en temas de Seguridad Social y el control de la asignación eficaz de elementos públicos.
Asimismo, asimismo se contemplan como prioritarias las de consejos jurídico y la administración de los elementos públicos, el plantel de los servicios de prevención y extinción de incendios, los que prestan asistencia directa a los individuos de los servicios sociales, los que efectúan la administración de posibilidades y políticas activas en temas de empleo, las plazas de seguridad y urgencia, las de atención a los ciudadanos en los servicios públicos y las del área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.