En Mérida, La Unión, una organización agraria, ha exigido que se lleva a cabo una investigación en la Asamblea de Extremadura para esclarecer la tramitación del proyecto de regadío de Tierra de Barros y para identificar y sancionar posibles responsabilidades políticas.
Desde el principio, tanto la Administración como los regantes han invertido grandes sumas de dinero en este proyecto, pero hasta el momento "nadie sabe realmente si será viable en el futuro", según declaró Luis Cortés, secretario técnico de la organización.
El presupuesto inicial para el año 2023 era de 41,53 millones de euros, pero las compensaciones por expropiaciones aún no se han pagado y no se tiene información sobre los gastos generados hasta la fecha.
A pesar de ello, Cortés afirmó que muchos futuros regantes ya hicieron contribuciones para la formación y funcionamiento de la Comunidad de Regantes, lo cual, al parecer, representa un dinero perdido.
La Unión Extremadura ha solicitado a los partidos políticos con representación en la Asamblea que se establezca una comisión de investigación para arrojar luz sobre todos los detalles relacionados con este proyecto.
Consideran fundamental que los agricultores de la región, al igual que el resto de los ciudadanos, conozcan qué ha sucedido, cuál es el futuro del proyecto, qué falló en su desarrollo, qué gastos se hicieron sin resultados positivos, si realmente existía agua suficiente para regar sin afectar el suministro a las poblaciones, quiénes son los responsables técnicos y políticos, entre otros aspectos que las autoridades han mantenido en secreto durante el proceso.
"No se puede jugar con las aspiraciones y esperanzas de tantos futuros regantes, ni mantener paralizadas nuevas concesiones de pozos en función de un proyecto de regadío que nunca se concreta. No se puede aprovechar los intereses de los agricultores en disputas políticas", agregó Cortés.
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