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Sociedad 21 de Septiembre de 2026 · 12:16h 2 min de lectura

Mérida refuerza la colaboración policial en violencia de género con un segundo agente en VioGén

El Ayuntamiento de Mérida ha incrementado a dos el número de policías locales asignados al Sistema VioGén. La decisión responde a la actualización de protocolos internos que facilitan la colaboración con la Policía Nacional en casos de violencia de género considerados menos graves. Hasta ahora, la Policía Local participaba en la atención de unas 80 víctimas, en coordinación con la nacional.

Este refuerzo no se ha motivado por un aumento en las cifras de casos, sino por el compromiso de mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a las víctimas. La medida forma parte de una estrategia de cooperación institucional que busca optimizar la atención y seguimiento de los casos en la ciudad.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento por ampliar recursos en esta materia. Mérida actualmente gestiona 231 casos activos de violencia de género, con un perfil de riesgo bajo o medio, y solo dos de alto riesgo. La colaboración con la Policía Local permite una respuesta más cercana y eficaz en estos escenarios.

Desde un contexto político, esta iniciativa refleja la voluntad de los gobiernos locales de fortalecer los recursos en la lucha contra la violencia machista, en línea con las políticas nacionales y autonómicas que priorizan la coordinación interinstitucional. La participación de las administraciones en la protección de las víctimas continúa siendo una prioridad en la agenda política de Extremadura.

Mirando hacia el futuro, la ampliación del personal en VioGén en Mérida puede marcar un precedente para otras localidades de la región. La tendencia apunta a una mayor integración de los recursos policiales en la atención a víctimas, en un escenario donde la coordinación con las instituciones nacionales se consolida como estrategia clave para reducir la violencia de género.

Este refuerzo en Mérida se enmarca en un contexto más amplio de políticas públicas destinadas a fortalecer la protección social y judicial en casos de violencia de género. La evolución de estas acciones será clave para evaluar la eficacia de las estrategias implementadas en los próximos años.

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