El Gobierno de Extremadura ha hecho oficial este miércoles, a través del Diario Oficial de Extremadura, la publicación del decreto que establece las subvenciones del programa de vivienda protegida autopromovida. Estas ayudas van dirigidas tanto a la entrada en viviendas existentes como a la promoción de nuevas construcciones, con una inversión máxima de 4.970.000 euros. Las solicitudes podrán presentarse a partir de este jueves y durante un año.

El programa de vivienda protegida autopromovida está dirigido a personas que deseen promover viviendas para uso propio, tanto de nueva construcción como para la rehabilitación de viviendas ya existentes.

Para poder acceder a estas subvenciones, es requisito indispensable contar con la capacidad técnica necesaria para interactuar digitalmente con la Administración, ya que el promotor debe llevar a cabo una actividad profesional compleja de manera particular.

Entre las responsabilidades que asume el promotor se encuentran liderar la construcción del inmueble, obtener los permisos y licencias necesarios, formalizar contratos con los constructores, solicitar las calificaciones pertinentes y realizar las conexiones a las redes de suministro.

Los beneficiarios recibirán una ayuda de 15.000 euros de manera general, a los cuales se sumarán 1.000 euros en casos especiales como las familias monoparentales, y otros 4.000 euros si residen en localidades con menos de 10.000 habitantes, llegando a un máximo de 20.000 euros por beneficiario.

En la primera convocatoria de este programa se destinará un total de 1.220.000 euros, repartidos a lo largo de varios años.

Por otro lado, el programa de ayuda directa a la entrada está dirigido a los compradores de viviendas protegidas de nueva construcción, quienes generalmente se relacionan con la Administración a través de la entidad promotora de las viviendas. Estos compradores deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a las subvenciones.

En cuanto a las ayudas a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción, tanto personas físicas como jurídicas podrán acogerse a las mismas, siempre y cuando cuenten con la capacidad técnica y económica necesaria para relacionarse electrónicamente con la Administración.

En todos los casos, el plazo para solicitar estas ayudas es de un año a partir de la entrada en vigor de los programas, es decir, a partir del jueves 3 de octubre.