• viernes 02 de diciembre del 2022

Vía libre del Congreso a fin de que el Supremo investigue al diputado del PP Alberto Casero

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MADRID, 6 Oct.

El Pleno del Congreso ha aprobado unánimemente entregar el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se atribuyen rastros de delito de prevaricación y malversación por contratos firmados en el momento en que era alcalde de Trujillo (Cáceres).

La Comisión del Estatuto del Diputado, que encabeza la socialista Adriana Lastra, ahora festejó hace una semana una primera votación a puerta clausurada y ahora hubo concordancia de los conjuntos presentes para aprobar un dictamen conveniente a la concesión.

Casero, un ajustado colaborador del ex- secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras llanas por su fallo que dejó aprobar la reforma laboral, tuvo opción a personarse y enseñar alegaciones, pero rechazó, con lo que este suplicatorio se ha gestionado con enorme celeridad.

El último paso era la votación en el Pleno del dictamen de la comisión, un trámite que asimismo se solventa sin transparencia y no se da a entender el resultado. Los miembros del congreso de los diputados no tienen la obligación de continuar consignas de voto, puesto que su voto es misterio, pero según detallaron a Europa Press fuentes parlamentarias, hubo concordancia para entregar el suplicatorio.

Tras la votación, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene un período de ocho días, contados desde el acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización pedida, para ofrecer traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiendo de la obligación de hacer llegar a la Cámara los coches y sentencias que se dicten y afecten en lo personal al diputado.

Hasta en este momento el Congreso había aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (2 de ellos sobre exactamente el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y tiene relación a un contencioso por derecho al honor que tenía como personaje principal al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el en este momento arrepentido Soares Gamboa) por integrar sus fotografías en avisos de Interior.

El último que salió adelante fue el suplicatorio de la representante de Junts, Laura Borràs, en el mes de junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo a fin de que fuera investigada por delitos de estafa a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad reportaje en su etapa de directiva de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

En una votación segrega, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de miembros del congreso de los diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; en contra se posicionaron los 14 que suman Junts y el PNV y se asentaron asimismo cinco abstenciones.

En legislaturas precedentes se autorizó a evaluar a tres miembros del congreso de los diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el previo fue el que dio vía libre a investigar al asimismo 'habitual' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a llenar la tramitación por dimisión del perjudicado.

Además, entre los concedidos resaltan los del ex- ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los miembros del congreso de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los accidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde múltiples integrantes de esa coalición protagonizaron manifestaciones en un acto que encabezaban los Reyes.

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