El Gobierno activa la vía previa a un recurso contra el decreto extremeño de vivienda

El Gobierno de España ha activado el procedimiento previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 4/2026, de 28 de julio, de actuaciones urgentes en materia de urbanismo y de impulso a la promoción de vivienda, aprobado por la Junta de Extremadura.

La medida se articula a través del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que el Ejecutivo central ha utilizado para instar la constitución de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura. El mecanismo permite abrir un espacio de negociación entre ambas administraciones antes de acudir al Tribunal Constitucional.

La Junta de Extremadura defiende la norma como una herramienta para «agilizar trámites, reducir burocracia y acelerar la construcción de vivienda». Según la nota de prensa del Gobierno autonómico, la decisión del Ejecutivo central supone un «obstáculo político evidente».

El Gobierno regional sostiene que el decreto busca facilitar el crecimiento de los municipios, movilizar suelo e incrementar la oferta de vivienda asequible y protegida. Subraya, además, que la norma responde a la preocupación de «miles de jóvenes y familias» por acceder a una vivienda sin esperar años, y expresa su sorpresa ante el planteamiento del Gobierno central.

La Junta indica que, en aplicación del principio de lealtad institucional, ha accedido a la constitución de la Comisión Bilateral y iniciará las negociaciones para resolver las discrepancias planteadas, aunque mantiene su convicción de que el decreto se ajusta a la Constitución y al régimen de distribución de competencias. El Gobierno autonómico confía en que el Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez, deje de obstaculizar estas políticas.