El sector agrario extremeño critica el aumento de costes por subida de precios de gasóleo y fertilizantes

El presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, denuncia que los costes del gasóleo y fertilizantes han aumentado significativamente en los últimos meses, poniendo en riesgo la viabilidad del sector agrícola. El gasóleo A ha subido un 40 %, el B cerca de un 70 %, y los fertilizantes, como la urea, también en torno al 70 %. Estas cifras reflejan una situación que afecta directamente a las campañas agrícolas que se encuentran en marcha en la región.

Este incremento coincide con un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y restricciones en el mercado energético y de insumos. La situación golpea especialmente a Extremadura, una comunidad con una economía agrícola muy dependiente de estos insumos y en plena recolección de cereales y actividades en regadíos.

Las implicaciones para el sector son graves, ya que los costes de producción se disparan, reduciendo la rentabilidad y amenazando la continuidad de muchas explotaciones. La organización agrícola advierte que, si esta tendencia continúa, podrán cerrarse miles de explotaciones en los próximos años, con efectos negativos en la economía rural y en la generación de empleo en la región.

Desde la perspectiva política, estos aumentos reflejan una falta de medidas efectivas por parte del Gobierno central, que ha sido criticado por no ofrecer soluciones sustanciales. Las ayudas anunciadas son consideradas insuficientes y temporales, sin abordar el problema de fondo: la escalada de precios que afecta a un sector clave para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.

En el escenario actual, Apag Extremadura Asaja exige que los precios de gasóleo y fertilizantes vuelvan a niveles anteriores a febrero, y reclama que el Gobierno asuma la diferencia en costes. La organización ha advertido que, si no se adoptan medidas inmediatas, iniciarán movilizaciones continuadas frente al Ministerio de Agricultura para defender la supervivencia del campo en Extremadura y en toda España.

El futuro del sector agrícola en la región dependerá en gran medida de las decisiones políticas y de la capacidad de respuesta institucional ante esta crisis. La tendencia actual amenaza con deteriorar aún más la estructura productiva y el empleo en el medio rural, si no se implementan soluciones duraderas en los próximos meses.