Eurocámara pide más fondos para frenar despoblación y mejorar vivienda en Extremadura

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que insta a reforzar los fondos de cohesión para abordar la crisis de vivienda y despoblación en la Unión, incluyendo a Extremadura. La resolución, con 601 votos a favor, subraya la necesidad de que la política comunitaria garantice el derecho a residir en las localidades elegidas. La Eurocámara busca que este principio sea central en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, destinando recursos a viviendas asequibles, servicios públicos y resiliencia climática.

Extremadura, según el Instituto Nacional de Estadística, enfrenta una proyección de reducción poblacional del 4,54% en 15 años, lo que equivale a 47.868 habitantes menos, con un descenso especialmente marcado en Badajoz y Cáceres. La tendencia refleja un saldo vegetativo negativo, agravado por el aumento de defunciones y el descenso de nacimientos, que en 2040 podría situarse en -6.505 personas.

El contexto político actual en la UE centra sus esfuerzos en ampliar el uso de fondos de cohesión para revitalizar territorios afectados por el declive demográfico. La iniciativa busca involucrar a las administraciones locales y regionales en la definición de prioridades para facilitar el acceso a ayudas y reducir cargas administrativas, especialmente en municipios pequeños y medianos.

En materia de vivienda, la propuesta prioriza proyectos sostenibles y energéticamente eficientes, incluyendo rehabilitación y regeneración urbana. Además, se subraya la importancia de infraestructuras adaptadas al cambio climático, fortaleciendo la resiliencia de las ciudades frente a fenómenos meteorológicos extremos.

Este posicionamiento se enmarca en una discusión más amplia sobre el presupuesto europeo para 2028-2034, donde se decidirá la distribución de fondos en áreas clave como el FEDER y el Fondo de Cohesión. La perspectiva futura apunta a una mayor participación de las administraciones regionales en el diseño de programas y en la asignación de recursos, buscando frenar el éxodo rural y promover un desarrollo territorial más equilibrado.

La decisión refleja una estrategia europea para abordar las desigualdades territoriales y garantizar que las políticas de cohesión respondan a las necesidades de regiones en declive, como Extremadura, en un marco de sostenibilidad y resiliencia.