La Audiencia Nacional de España ha admitido a trámite la querella presentada por más de 1.700 afectados españoles de la empresa neerlandesa Juicy Fields, la cual ofrecía rentabilidades adicionales de hasta el 66% por la inversión en cannabis. La compañía podría haber llevado a cabo un esquema Ponzi, afectando a más de 40.000 personas.

Más de 1.000 afectados se han personado a través de la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD con una demanda colectiva, mientras que el magistrado Manuel García-Castellón ha incluido a 117 inversores en la causa presentada por el despacho de abogados Emilia Zaballos, cuyos nombres aportó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. Los diferentes bufetes personados se reunirán próximamente para trazar una estrategia común y ofrecer sus servicios a los afectados que no cuenten con representación legal.

El juez considera que se han cometido elementos indiciarios que permiten suponer la comisión de un delito de estafa con múltiples perjudicados, y el total de perjudicados por la presunta estafa puede ser de varios millones de euros. El magistrado ha abierto diferentes diligencias para identificar a los presuntos responsables, averiguar la trazabilidad del dinero invertido y su destino, y se ha requerido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que informe sobre el conocimiento que pudieran tener de la actividad de Juicy Fields.

Los querellantes entienden que se trata de una estafa por el esquema Ponzi, y Juicy Fields ofrecía invertir en la plantación, cultivo y recolección de marihuana para venderla posteriormente como CDB (uso terapéutico). La empresa ofrecía entre un 29% y un 66% de beneficio adicional a la inversión en función de cómo había ido la cosecha, y se podía aportar hasta 180.000 euros a través de una transferencia de dinero fiat o criptomonedas. La empresa se evaporó el 13 de julio.