Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Badajoz, pertenecientes a la Policía Nacional, han detenido a un hombre acusado de delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y coacciones por estar implicado en supuestos empadronamientos fraudulentos.

La denominada 'Operación Bloque' se inició tras recibir informaciones en la propia unidad en las que se ponía de manifiesto la posible intervención de personas que estarían captando a ciudadanos extranjeros y que, a cambio de dinero, los empadronarían en distintas localidades extremeñas.

Los investigadores realizaron distintas gestiones en las que comprobaron la veracidad de las informaciones recibidas e identificaron plenamente a un hombre que captaba, especialmente en Madrid y Badajoz, a ciudadanos extranjeros en situación irregular.

Este individuo aprovechaba esta vulnerabilidad para ofrecer un empadronamiento a cambio de una cantidad económica y sin habitar en el domicilio con el "claro objetivo de acceder a diversos trámites administrativos con los que poder regularizarse".

Durante toda la operación, los agentes pudieron concluir que esta persona empadronaba a ciudadanos de distintas nacionalidades, siempre extranjeros, en Badajoz y Madrid, siendo captados en otras localidades, para realizar posteriormente los trámites en la capital pacense.

Esta persona fue detenida la tarde del pasado 6 de mayo en Badajoz, acusado de un delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros y otro de coacciones, incluyendo en esta ocasión varias propuestas de sanción por infracciones graves y muy graves de la vigente Ley de Extranjería, cuyas cuantías podrían superar los 30.000 euros.

El detenido es un varón de 42 años de edad y, tras la tramitación del pertinente atestado, se dio cuenta de todas las actuaciones a la Autoridad Judicial.

La Policía Nacional ha recordado que este tipo de comportamientos está "duramente sancionado", tanto administrativa como penalmente, cuando el autor se aprovecha de la "situación precaria de los extranjeros".

Asimismo, el operativo continúa abierto debido a que se han detectado empadronamientos fraudulentos de extranjeros en otras localidades de la región en las que los propietarios o arrendatarios de viviendas han permitido estos trámites por diversos motivos. Tras la incoación del pertinente expediente sancionador, dependiendo de su gravedad, las sanciones podrían oscilar entre 500 y 100.000 euros.