En Mérida, el 11 de marzo, ha salido a la luz la preocupación de la consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, quien ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Hacienda. La consejera ha solicitado que se compense el IVA no recuperable que afecta a las comunidades autónomas y entidades locales en el contexto de las operaciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Manzano ha argumentado que el Gobierno Central considera erróneamente que el IVA no es un gasto subvencionable en el marco de las iniciativas financiadas con fondos europeos. Resaltó que, contrariamente a esta postura, no existe normativa europea ni nacional que excluya a las comunidades y entidades locales de la recuperación de dicho IVA.

La consejera subraya que esta situación representa una carga financiera palpable para las comunidades autónomas, ya que el impuesto mencionado ha sido realmente pagado y, al no poder ser recuperado, deben asumir estas cargas fiscales. Este hecho constriñe los presupuestos locales y regionales, llevando a que pequeños municipios no logren llevar a cabo proyectos necesarios por no poder cubrir el impuesto del 21 por ciento sobre el valor agregado.

Ante esta problemática, Manzano ha hecho hincapié en la necesidad de que el IVA sea tratado como un costo legítimo y efectivo. Ha instado al Ministerio a adoptar un criterio coherente que ofrezca seguridad jurídica en la financiación de las acciones del MRR.

La consejera ha manifestado que desde el principio se han emitido instrucciones contradictorias en relación al tratamiento del IVA, y que esta confusión no puede traducirse en un costo adicional para las comunidades. Insistió en que este problema debe ser abordado de inmediato, dado que ha sido señalado en numerosas ocasiones.

Por último, la consejera ha recordado las alegaciones presentadas al Proyecto de Orden HAC__/2026, que regula las condiciones del procedimiento de reintegro de los fondos del MRR. Expresó su esperanza de que estas alegaciones sean consideradas, lo que permitiría a la región contar con los recursos indispensables para impulsar el desarrollo económico y social de Extremadura.