El Tribunal Constitucional de España ha decidido de manera unánime rechazar el recurso presentado por la Junta de Extremadura en relación con la orden del Tribunal Supremo de proceder con la demolición de la 'Isla de Valdecañas', un ambicioso proyecto urbanístico que abarca 134,5 hectáreas en el área de Cáceres, concretamente en los municipios de El Gordo y Berrocalejo.

Fuentes del ámbito judicial han revelado a Europa Press que el Pleno del Tribunal adoptó esta resolución tras haber suspendido cautelarmente en junio de 2023 el derribo del complejo, aunque en esa ocasión el fallo se produjo por un estrecho margen de seis votos a favor y cinco en contra, considerando que no existía un riesgo inmediato que justificara la acción.

El Constitucional decidió suspender la ejecución de la orden del Supremo hasta dar su opinión sobre el fondo del caso, que finalmente ha desestimado, subrayando que la demolición de las estructuras ya existentes podría generar "perjuicios económicos difíciles de reparar", tanto por su magnitud como por la naturaleza irreversible de las posibles situaciones jurídicas que se podrían crear.

El inicio de este conflicto legal se remonta a noviembre de 2022, cuando el Tribunal Constitucional admitió a trámite varios recursos que impugnaban la sentencia del Tribunal Supremo, la cual había sido favorable a la ONG Ecologistas en Acción-CODA, y que ordenaba la demolición total del desarrollo urbanístico.

En aquel tiempo, el Constitucional mostró una división notable, con cinco de los once magistrados, que formaban una mayoría conservadora, emitiendo votos particulares en contra de la admisión a trámite del recurso. Esto pone de manifiesto las complejidades políticas y jurídicas que rodean el caso.

El origen de este litigio se sitúa en 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló la aprobación de la Junta para el proyecto de la 'Isla de Valdecañas', ordenando que los terrenos regresaran a su situación anterior a la validación del mismo.

A pesar de que el Tribunal Supremo confirmó las resoluciones del TSJ, en 2021 el tribunal extremeño determinó que no podría llevar a cabo la ejecución total de la sentencia, optando solo por realizar demoliciones parciales, lo que significaba que se conservarían las estructuras ya construidas, como el hotel, las viviendas y el campo de golf.

No obstante, el fallo del alto tribunal en 2022, en respuesta al recurso de la ONG ecologista, ordenó la demolición de las construcciones existentes, una decisión que ahora enfrenta la Junta, así como los ayuntamientos locales y la comunidad de propietarios, ante el Tribunal Constitucional.