MÉRIDA, 6 de agosto.

La Junta de Extremadura ha solicitado de manera contundente la necesidad de mantener "equidad, corresponsabilidad y recursos adecuados" para asegurar una "atención digna y justa" a los menores migrantes no acompañados.

En sus declaraciones, el gobierno regional ha enfatizado que Extremadura es una "tierra solidaria" que ha estado cumpliendo con todos los compromisos asumidos; sin embargo, advirtió que enfrenta serias dificultades para abordar la "irresponsable imposición" propuesta por el Gobierno central, el cual parece invadir competencias autonómicas sin cumplir con sus propias obligaciones en materia migratoria.

La Junta de Extremadura se ha manifestado así ante el inminente inicio, programado para el lunes 11, del traslado de menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo a la Península, comenzando con la movilización de ocho menores.

Asimismo, se ha criticado la decisión del Gobierno de declarar "unilateralmente" que la capacidad estándar de la región para acoger a estos menores es de 344 plazas, a pesar de que la "capacidad óptima" del sistema de protección actual en Extremadura es de 374 plazas.

Esto implica, tal como señala la Junta, que se está forzando a la comunidad a duplicar su capacidad de atención. Además, cuestiona la falta de consenso en la decisión que asigna a Extremadura el traslado de 159 menores procedentes de Canarias, mientras que, en contraposición, no se asigna a Cataluña ni al País Vasco ningún menor. Esta distribución, consideran, es inequitativa e irresponsable, y parece responder más a los intereses políticos del presidente Sánchez que a la prioritaria necesidad de proteger a los menores.