Crónica Extremadura.

Crónica Extremadura.

La Asamblea discute sobre las leyes de Memoria Histórica, Protección Animal y los fondos de la UE en su primer pleno del año.

La Asamblea discute sobre las leyes de Memoria Histórica, Protección Animal y los fondos de la UE en su primer pleno del año.

MÉRIDA, 11 Ene. - La Asamblea de Extremadura celebrará su primer pleno del año 2024 este jueves, 11 de enero, donde se debatirán varios temas importantes. Algunos de los asuntos a tratar son las leyes de Memoria Histórica y Protección Animal, así como la subida de las pensiones vinculada al IPC y la ejecución de los fondos europeos, entre otros.

El pleno comenzará a las 9:30 de la mañana con la designación de tres vocales de la Junta Electoral de Extremadura. Luego se llevarán a cabo preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Durante estas preguntas se abordarán temas como la situación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, la gestión del Ingreso Mínimo Vital, la ayuda a domicilio y el balance del año 2023 en empleo.

A continuación, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, realizará una comparecencia para informar sobre el desarrollo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cual tuvo lugar el pasado 11 de diciembre.

Posteriormente, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, comparecerá a petición del PSOE, para informar sobre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, llevado a cabo el pasado 21 de diciembre.

La sesión continuará con dos propuestas de impulso presentadas por el PSOE. Una de ellas busca que la Junta de Extremadura informe sobre el desarrollo y ejecución de los fondos europeos, y la otra para mostrar apoyo a la decisión del Gobierno de vincular la subida de las pensiones al IPC.

Finalmente, se debatirán dos propuestas de pronunciamiento. Una presentada por Vox, que busca instar al Gobierno central a derogar la Ley de Bienestar Animal, y otra de Unidas por Extremadura, para instar al Gobierno a promover la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.