Crónica Extremadura.

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La Junta de Extremadura denuncia el intento del Gobierno de imponer un "distribución injusta" de menores inmigrantes.

La Junta de Extremadura denuncia el intento del Gobierno de imponer un

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha lanzado una dura crítica al gobierno regional de Extremadura, acusándolo de obstaculizar las iniciativas del Gobierno de España. En este contexto, la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, se ha manifestado en defensa de la decisión de la Junta al presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto que establece un sistema de distribución para los menores migrantes.

García Espada argumentó que dicha normativa impone un reparto “arbitrario y sin consideración” de los menores no acompañados. La consejera ha señalado que las acciones del Ejecutivo central, bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, no solo son cuestionables, sino que parecen utilizar a los menores como una táctica política para mantener su poder en Moncloa, sin realmente abordar las raíces de la crisis migratoria.

Siguiendo con sus declaraciones, la consejera subrayó que este real decreto atenta contra la autonomía de la comunidad autónoma, y advirtió sobre las implicaciones que tiene en derechos fundamentales, como la libertad y el acceso a la educación. García Espada insistió en que esta medida responde más a los intereses del presidente Sánchez, quien, en su opinión, parece más alejado de la realidad en España que nunca.

Las palabras de la consejera se produjeron durante una sesión del pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta presentada por el grupo socialista. La diputada Teresa Nuria García Ramos, representante del PSOE, calificó de “bien orquestado” el recurso ante el Tribunal Constitucional, sugiriendo que es parte de una estrategia más amplia llevada a cabo por comunidades autónomas gobernadas por el PP con la intención de desestabilizar un acuerdo que busca una acogida de menores con criterios de solidaridad entre regiones.

Esta situación pone de manifiesto las tensiones políticas entre diferentes niveles de gobierno en España y plantea interrogantes sobre la gestión de la crisis migratoria actual. (Más información en Europa Press)