MÉRIDA, 27 de enero. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha hecho un firme pronunciamiento para salvaguardar los intereses del sector agrícola de la región, que siente la presión del nuevo acuerdo comercial con Mercosur y la inminente reforma de la Política Agraria Común (PAC). Durante un encuentro con las principales organizaciones agrarias, Guardiola ha sido instada a liderar sus exigencias tanto en el ámbito nacional como en el europeo.

La dirigente regional ha señalado que hay razones válidas detrás de las movilizaciones de agricultores y ganaderos. "Cuando salen a la calle, es porque su descontento es justificado", ha manifestado, refiriéndose a un momento crítico para el sector lleno de demandas y retos.

Al finalizar la reunión, Guardiola se dirigió a los medios junto a representantes de Apag Extremadura Asaja, UPA-UCE, Asaja Cáceres y La Unión, y expresó su proximidad a las inquietudes que plantean estas organizaciones agrícolas.

En sus declaraciones, ha dejado claro que rechazan el acuerdo con Mercosur promovido por el gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha condicionado su postura a la búsqueda de convenios comerciales que favorezcan a la economía regional, siempre que se mantengan condiciones equitativas entre las partes. "No podemos permitir que el sector agroalimentario sea usado como moneda de cambio", aseveró Guardiola.

La presidenta también ha enfatizado que los agricultores y ganaderos de Extremadura no operan bajo las mismas condiciones que los productores de naciones ajenas, refiriéndose a las limitaciones impuestas por el Pacto Verde Europeo en el uso de fitosanitarios, restricciones que no se aplican a los productos que provienen de Mercosur.

Guardiola ha puntualizado que, además de una reciprocidad esencial, es imprescindible establecer cláusulas de protección que aseguren precios justos para los productos locales. También ha subrayado la necesidad de implementar "controles fronterizos que sean efectivos y automáticos", garantizando que los productos importados cumplan con las mismas normativas que aquellos de la Unión Europea. Esto, según ella, es crucial para asegurar la seguridad alimentaria en la región.

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