En Badajoz, el proceso judicial que investiga la muerte de la educadora social Belén Cortés, presuntamente asesinada por tres menores a su cargo, ha llegado a su etapa final. Este viernes, el caso quedó "visto para sentencia" tras la celebración de tres sesiones que se llevaron a cabo a puerta cerrada en el Juzgado de Menores de la capital pacense, los días 29, 30 y 31 de octubre.

Durante el juicio, la acusación particular, representada por el abogado Raúl Montaño, ha ajustado sus conclusiones iniciales con respecto a las acusaciones penales. Montaño ha colaborado estrechamente con el Ministerio Público, argumentando que dos de los menores deben ser considerados autores del crimen, mientras que un tercero actuó como cómplice. Para ambos grupos, la petición de pena es de seis años de internamiento en régimen cerrado, aunque la duración exacta dependerá de su edad al momento de los hechos.

Después de la última sesión, Montaño comunicó a los medios que, tras revisar las pruebas, decidieron modificar la acusación sobre la participación de uno de los menores. Así, la pena para la joven de 17 años se ha reducido a seis años. La Fiscalía, por su parte, solicita cinco años para este mismo caso.

El abogado insistió en que el delito en cuestión es asesinato, aunque la participación de cada menor varía. Para los dos menores considerados autores, Montaño ha mantenido la exigencia de seis años, al tiempo que aclaró que la tercera menor incurre en el papel de cómplice. De este modo, la acusación particular sostiene que se trata de homicidio agravado.

En cuanto a la responsabilidad civil, el abogado afirmó que la Junta de Extremadura es la única responsable en este procedimiento, estableciendo una conexión directa entre la administración y el caso por la suma aproximada de 600.000 euros para la indemnización. Montaño refutó la postura de la Junta, que se niega a asumir dicha responsabilidad, argumentando que es la entidad que debería responder por lo sucedido.

José Duarte, abogado defensor de uno de los menores, ha solicitado una sentencia absolutoria, indicando que no se ha demostrado la autoría del menor en cuestión durante el juicio. Duarte ha enfatizado que estos trágicos hechos podrían haberse evitado si la Administración hubiera actuado de manera más proactiva ante las quejas y denuncias presentadas sobre la situación en el piso tutelado.

Asimismo, el letrado ha señalado que la Junta tiene la responsabilidad de velar por los menores bajo su tutela y ha enfatizado que esta situación no debería haber llegado al extremo que se ha presentado. También ha aludido a la falta de medidas adecuadas que podrían haber prevenido esta tragedia, subrayando que las circunstancias que rodearon al menor no debieron permitir que coincidieran en un mismo entorno.

Fernando Cumbres, abogado del padre de un menor de 14 años implicado, también se pronunció sobre la responsabilidad civil, pidiendo que se exima a los padres de cualquier cargo, ya que estos habían informado correctamente a la Junta de la situación de riesgo y vigilancia sobre su hijo. Cumbres sostiene que, en última instancia, la responsabilidad recae en la Junta y en la empresa que gestiona los pisos tutelados.

El letrado ha criticado la falta de protocolos efectivos dentro de la Administración, advirtiendo de la ineficiencia de las medidas adoptadas, que no han garantizado la seguridad adecuada para los trabajadores y menores en estos recursos. Cumbres concluyó que, a pesar de las afirmaciones de la Junta sobre las acciones implementadas, no han sido suficientes para prevenir situaciones de riesgo como las que llevaron a esta tragedia.