La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Mari Cruz Buendía, ha exigido a la Junta de Extremadura "transparencia" con los alcaldes en relación con la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Además, ha condenado la "falta de compromiso" del Ejecutivo regional con las políticas sociales.

Buendía, acompañada por diferentes alcaldes de la región, ha criticado la falta de transparencia y respeto hacia los alcaldes en cuanto a las subvenciones para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio.

Recordó que los gobiernos del PSOE apostaron por los servicios de la Ley de Dependencia en colaboración con los ayuntamientos, y el servicio se prestaba mediante un convenio de colaboración entre ambas administraciones. Sin embargo, ahora el nuevo gobierno de Extremadura ha anunciado que cambiará el modelo para implantarlo a través de Programas de Colaboración Económica Municipal, aunque hasta ahora solo han sido suposiciones.

La diputada socialista criticó que no se hayan reunido con los alcaldes afectados ni con la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), y que solo haya habido una comunicación "oficiosa" a través de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp a las trabajadoras sociales de los ayuntamientos, sin informar a los responsables municipales sobre los cambios en el convenio.

Buendía aseguró que esta comunicación, que no es oficial, esconde recortes en el servicio, ya que habrá menos municipios, menos presupuesto y menos horas de atención a los usuarios. Criticó la falta de compromiso social de la Junta de Extremadura y su falta de confianza en la Ley de Dependencia.

La diputada advirtió que estos recortes y el inicio de la privatización de los servicios ya se están sufriendo en los municipios, y destacó la necesidad de garantizar la prestación del servicio a partir del próximo año.

Algunos alcaldes también expresaron su preocupación por la falta de comunicación oficial y la incertidumbre sobre el dinero asignado al servicio de ayuda a domicilio en los presupuestos municipales. Afirmaron que sin garantías, los interventores municipales no pueden generar los créditos necesarios para mantener el servicio a partir del 1 de enero.

En resumen, los representantes socialistas y los alcaldes afectados han demandado transparencia y compromiso por parte de la Junta de Extremadura en relación con el servicio de ayuda a domicilio, expresando su preocupación por los posibles recortes y la falta de información oficial sobre el cambio de modelo en la prestación del servicio.