MÉRIDA, 7 de enero. La Junta de Extremadura, a través de su Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha dado un paso significativo en el desarrollo de infraestructuras en la región. Este martes, se ha enviado al Diario Oficial de la Unión Europea el expediente para la contratación de un estudio de viabilidad referente a la construcción de la autovía EX-A1, que conectará Moraleja con la localidad portuguesa de Monfortinho. Este anuncio marca el inicio de un proceso que se hará público en la Plataforma de Contratación del Sector Público el próximo jueves, 9 de enero.

El plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas concluirá el 12 de febrero a las 15:00 horas. A partir de esa fecha, la primera Mesa de Contratación se llevará a cabo el 13 de febrero, seguida de una segunda reunión el 18 del mismo mes. Ambos eventos se realizarán a las 09:00 horas. Según lo estipulado, se espera que la ejecución del proyecto durará doce meses una vez que se haya adjudicado el contrato.

Este proyecto tiene un coste estimado de 602.658,87 euros, el cual será financiado con recursos propios de la Comunidad Autónoma. Dada la magnitud del contrato, se encuentra bajo un régimen de regulación armonizada, el que establece que el periodo para presentar ofertas comienza en el momento en que se hace el anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. Este proceso tiene una duración de 36 días naturales, lo que garantiza la transparencia y competencia entre los posibles adjudicatarios.

Con esta iniciativa, la Junta comenzará a implementar el Modelo de Colaboración Público-Privada (Modelo CPP), con el objetivo de planificar, desarrollar y gestionar lo que se ha calificado como una "conexión fundamental" para el oeste peninsular. Esta estrategia fue detallada por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en un encuentro celebrado el pasado octubre en Cáceres.

Entre los objetivos primordiales de esta obra se destaca la creación de un nuevo punto de conexión con Portugal, que brindará una "infraestructura segura y de calidad". De acuerdo con la Junta, esto representará una mejora significativa en la seguridad vial y en la calidad del servicio de mantenimiento y explotación de la carretera, beneficiando tanto a los ciudadanos locales como a los que transitan entre ambos países.

El Gobierno regional ha enfatizado las numerosas "ventajas" que el Modelo CPP aporta, resaltando particularmente el incremento en la calidad de las prestaciones en los contratos de concesión. Este modelo exige estándares superiores por parte de la Administración, lo que se traduce en una mayor seguridad vial, una de las prioridades centrales de la consejería.

Aparte de esto, la implementación de este modelo implica un cambio sustancial en la dinámica de trabajo de la Administración, que colaborará estrechamente con el sector privado desde la etapa de diseño hasta la ejecución del proyecto. Esto permitirá gestionar los intereses públicos de manera "más eficiente", aseguran las autoridades regionales.

Por otro lado, una vez que la empresa seleccionada sea adjudicataria de las obras, asumirá la responsabilidad de la construcción, financiación, operación y mantenimiento de la infraestructura. Importante destacar que la Junta de Extremadura no realizará ningún desembolso económico hasta que la obra sea recibida oficialmente.

A partir de esa fase, la Administración autonómica activará un mecanismo de pagos al socio privado basado en el modelo de Pago por Disponibilidad (PPD), que estará sujeto a deducciones. Este sistema asegura que se mantengan "altos estándares de calidad" en la prestación del servicio, lo que garantiza que la inversión pública se traduzca en beneficios concretos para la comunidad.